Junto con calificar la resolución del juez Daniel Urrutia que dejó al exdiputado Joaquín Lavín León en prisión preventiva como “arbitraria e ilegal”, la defensa del exparlamentario inició una nueva ofensiva para -al menos- rebajar lo gravoso de la medida cautelar que cumple, luego que la Corte de Apelaciones ya rechazara un recurso de amparo en ese mismo sentido.
El abogado Cristóbal Bonacic adujo que, además de considerar otros delitos en la formalización que no estaban en la solicitud de desafuero, existió “omisión de todo análisis sobre las alegaciones efectuadas por esta defensa”.
Lavín León es imputado por la Fiscalía por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Lea también: Sauerbaum defiende indicación migratoria y dice que cambiarán redacción
Su formalización se produjo el 8 de mayo pasado e ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, pues el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó para él la medida cautelar más gravosa.
«TODO UN CAPÍTULO»
La defensa del exparlamentario sostiene que los antecedentes de la solicitud de desafuero no son los mismos que la formalización, ya que desde la Fiscalía habría añadido más cargos como el de cohecho.
De acuerdo con La Tercera, el recurso presentado ante la Corte Suprema explica los delitos por los que el Ministerio Público desaforó al exdiputado y afirma que “resulta necesario tener presente los delitos objeto de la formalización para cada uno de los imputados, pues respecto del Sr. Lavín no se le comunicó que estuviera siendo investigado por el delito de cohecho”.
Recalca que “en el plano fáctico, los hechos atribuidos al Sr. Lavín fueron modificados en comparación al contenido de la solicitud de desafuero, pues, por un lado, se incorporó nuevas facturas emitidas por la imprenta MMG y la empresa Modo74 SpA, respecto al delito de fraude al fisco”.
“El Ministerio Público agregó todo un capítulo vinculado al supuesto financiamiento fraudulento y uso personal de la aplicación SocialTazk, y que dan cuenta cómo el persecutor va ajustando su imputación con el devenir del procedimiento, buscando siempre ampliar artificialmente los delitos imputados, a fin de obtener la medida cautelar de prisión preventiva, con infracción al artículo 139 del Código Procesal Penal”, asevera la defensa.
