Si bien en ninguna parte de su declaración pública la UDI descartó de plano apoyar la acusación constitucional (AC) que anunciaron los partidos Nacional Libertario y Republicano en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, sí llamó «a actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que sólo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno».
A la bancada de diputados del gremialismo no pudieron caerle peor las declaraciones de su colega Agustín Romero (PR), que dijo que de no apoya el libelo «tendrán que responder ellos ante su electorado».
En su texto, los parlamentarios plantearon que «como partido siempre hemos actuado con absoluta responsabilidad, convicción y autonomía política, sin someternos jamás a presiones ni amenazas de ningún tipo».
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Añadieron que «en política, las decisiones se adoptan sobre la base de fundamentos serios, no por emplazamientos públicos ni cálculos electorales que sólo buscan encubrir los evidentes problemas de conducción de quienes están detrás de estas acciones».
En ese sentido, rechazaron «las declaraciones del diputado Agustín Romero, por cuanto resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros partidos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales».
«DERECHITA COBARDE»
Advirtieron que «los tiempos de los eslóganes sobre la derechita cobarde se terminaron. Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que sólo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno».
La bancada de la UDI criticó y calificó como «muy grave» que «el reciente anuncio se haya realizado primero a través de los medios de comunicación y no por las vías formales, sin que hasta ahora -además- se hayan dado a conocer los fundamentos jurídicos que lo sustentan».
A su juicio, «la seriedad de estas acciones exige rigor, antecedentes claros y un mínimo de coordinación política, condiciones que no se han cumplido»..
Además desde la UDI recordaron que «en situaciones anteriores de similar relevancia institucional -como la acusación constitucional presentada en contra de la ex ministra de Justicia Marcela Ríos, por los indultos otorgados por el ex Presidente Boric a un grupo de delincuentes condenados en el contexto del «estallido social-, el Partido Republicano optó por votar en contra».
Concluyó diciendo que «»nuestro compromiso es con Chile, no con este tipo de controversias».
