El tema está en la primera línea a propósito de la Operación Tokyo, que redundó en la detención de un ejecutivo venezolano del Banco Santander que, junto con otras personas, montaron un esquema con el que lavaron dinero de un brazo del Tren de Aragua en Chile y lo enviaron al extranjero: el levantamiento del secreto bancario tomó protagonismo al punto que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sorpresivamente se abrió a impulsar una corrección legal al modelo que hoy existe.
Es un tema en el que la oposición lleva años insistiendo, como un mecanismo para perseguir al rimen organizado. A su juicio, es necesario dar mayores facultades a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) y sostienen que las alertas de los bancos no son suficientes para frenar este tipo de ilícitos.
Distinta es la opinión en la oposición. Por ejemplo, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostiene que la idea es «absurda», porque lleva años existiendo como un mecanismo útil para la UAF y que mejor sería buscar otros mecanismos que puedan robustecer la función del organismo.
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El punto de la discordia es el levantamiento por la vía administrativa y que habilita a la UFC, que depende del ministerio de Hacienda, para requerir a los bancos información sujeta a secreto bancario de forma directa y sin autorización judicial previa ante el análisis de operaciones sospechosas en tres supuestos: las reportadas o analizadas por personas jurídicas, a funcionarios públicos o que hayan sido reportadas por un banco.
Para todos los demás casos que no se ajusten a esas tres causales se mantiene la exigencia de una autorización judicial.
Las bancadas de oposición (Frente Amplio, PC, PS, PPD) apuestan por su aprobación urgente para frenar la “ruta del dinero”, pero el Gobierno y los partidos oficialistas defienden que debe seguir siendo exclusivamente por vía judicial. Y así está la tramitación del proyecto, que fue ingresado en 2023.
La Cámara de Diputados ya aprobó el mecanismo. En el Senado todavía no hay un pronunciamiento claro, porque esta semana el proyecto se votó dos veces y en ambias ocasiones obtuvo un empate entre los votos a favor y en contra.
El tema será revisado y votado nuevamente el próximo martes en la Sesión de Sala, ya está en tabla.
QUIROZ: «ESTAMOS VIÉNDOLO»
“Hemos sido enfáticos en que nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre depende del Poder Judicial y no una decisión administrativa. Sin perjuicio de ello, les quiero adelantar que este tema nos interesa especialmente en Hacienda”, dijo el ministro Quiroz.
“En tal sentido, he iniciado un trabajo que lo partimos hace poco y van a ir conociendo detalles más adelante, posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que debo ir conversando con los demás ministerios», agregó recalcó que será «siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del Poder Judicial”.
Posteriormente dijo que, “respecto de la persecución de las ilicitudes, actividades ilegales y cualquier supervisión que tenga que hacer la banca en esta materia, el ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio y pensamos que hay formas inteligentes de mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”.
Ante la consulta de si aprovechará la discusión en el Senado con la creación del subsistema de inteligencia económica, respondió que “estamos viendo si puede ser un proyecto aparte, algo que partamos, o si podemos, tal vez, proponer algo en la coyuntura que estamos”.
“Estamos viéndolo”, recalcó.
SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El secreto bancario por sede administrativa es una parte del proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica.
Este establece un sistema de colaboración entre tres organismos clave del ministerio de Hacienda: la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.
Estas instituciones podrán compartir datos y requerir antecedentes entre sí y a otros órganos del Estado para detectar movimientos irregulares. Además, se crean Unidades de Inteligencia y Análisis Económico específicas dentro del SII y de Aduanas para mejorar la investigación de operaciones sospechosas.
Asimismo, se crea un Comité de Coordinación, Prevención y Seguridad, presidido por el director de la UAF, para definir lineamientos estratégicos y protocolos de contrainteligencia .
De aprobarse las disposiciones del proyecto, la UAF deberá publicar anualmente información agregada sobre cuántas veces ejerció la facultad de levantar el secreto bancario y remitir estos antecedentes al Congreso.
En esa línea, se aumentan las penas por violación del deber de secreto para los funcionarios del sistema y se les exige dar acceso a su propia información bancaria como medida de contrainteligencia.
