Política

Justicia da curso a querella contra Hassler por fraude

Cristian Navarro H.

Periodista

Hassler
Foto: Publicada en X por @IraciHassler
El tribunal admitió la querella presentada por Santiago contra Irací Hassler y remitió los antecedentes al Ministerio Público.

La fallida compra de la exclínica Sierra Bella sumó un nuevo capítulo judicial. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por fraude al fisco presentada por la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa y actual diputada Irací Hassler, ordenando remitir los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe las diligencias solicitadas e inicie una investigación penal.

La administración del alcalde Mario Desbordes presentó la querella no solo contra Irací Hassler, sino también contra todas las personas que pudieran haber participado como autores, cómplices o encubridores de las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de compra del inmueble que se proyectaba como la primera clínica municipal de Santiago.

CONTRALORÍA COMO PRINCIPAL RESPALDO

La querella se sustenta principalmente en la resolución exenta N.º RE14499/2026 de la Contraloría General de la República, organismo que concluyó que la compraventa estuvo marcada por una serie de actos ilegales y vulneraciones al principio de probidad administrativa.

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Según el municipio, la investigación administrativa estableció responsabilidades en la conducción del proceso y determinó que la exjefa comunal comprometió gravemente el interés general y el patrimonio municipal al omitir mecanismos de control y supervisión que debían garantizar la legalidad de la operación.

ACUSAN OMISIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS IRREGULARES

La querella sostiene que funcionarios municipales emitieron de manera anticipada el decreto de pago N.º 187 sin contar con el acto administrativo que debía autorizarlo.

Además, acusa que la exalcaldesa firmó el decreto alcaldicio N.º 810, que autorizó la compra por más de $8.252 millones, sin obtener previamente el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal, trámite considerado esencial para verificar la legalidad de este tipo de decisiones administrativas.

El documento también cuestiona la entrega de un mandato especial irrevocable en favor del abogado de la parte vendedora, situación que, según la actual administración,  habría permitido intentar la inscripción del inmueble pese a que existía una instrucción de abstención emitida por la Contraloría.

MUNICIPIO ADVIERTE IMPACTO FINANCIERO

La Municipalidad de Santiago argumenta que el perjuicio económico derivado de la operación continúa vigente y que trasciende la discusión sobre el valor del inmueble.

La acción judicial sostiene que la Municipalidad de Santiago debe enfrentar actualmente una obligación de pago superior a los $9.300 millones debido a la acumulación de intereses. Además, mantiene inmovilizados más de $2.475 millones en recursos destinados a salud, fondos que no puede utilizar para atención primaria mientras continúe la controversia.

Frente a este escenario, el municipio solicitó formalmente al tribunal remitir los antecedentes al Ministerio Público para que investigue y determine posibles responsabilidades penales.

HASSLER ACUSA INTENTO DE REABRIR UN CASO CERRADO

La exalcaldesa respondió a través de redes sociales y cuestionó duramente la ofensiva judicial impulsada por la actual administración.

Hassler sostuvo que el caso Sierra Bella ya fue investigado durante más de dos años y que la causa concluyó con un sobreseimiento, al determinarse que los hechos analizados no constituían delito.

A juicio de la parlamentaria, la nueva querella busca reabrir una controversia que ya fue resuelta por los tribunales y responde a una estrategia política del alcalde Desbordes. «Lo deseable es que consiga titulares por su gestión y no por inventar denuncias sobre hechos juzgados», afirmó.

Con la admisibilidad de la querella, el denominado caso Sierra Bella vuelve a instalarse en la agenda judicial y política, esta vez bajo una nueva arista impulsada por el municipio, que busca establecer eventuales responsabilidades penales derivadas de una de las operaciones más controvertidas de la administración comunal anterior.

 

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