Uno de los ejes de la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León que impulsa el abogado Cristóbal Bonacic apunta a que, según él, la Fiscalía habría exhibido conversaciones de WhatsApp «editadas» a testigos clave del caso, lo que habría influido en algunas de sus declaraciones.
El exparlamentario se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por el Ministerio Público por delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado, y tráfico de influencias.
El penalista busca desacreditar parte de las pruebas utilizadas en la causa que investiga, entre otras cosas, el supuesto uso de personal financiado con recursos del Congreso para realizar labores electorales.
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Según la Fiscalía funcionarios del parlamento participaban en la recopilación de bases de datos y contactos políticos mediante una especie de «call center».
«INDUCE A ERROR»
De acuerdo con una investigación de Reportajes T13, Bonacic sostuvo que «este tema del call center nace a partir de la exhibición que le hace el Ministerio Público a estas testigos de un mensaje que forma parte de un chat común ya editado».
En esa línea, añadió el abogado de Lavín León, las conversaciones corresponde a un grupo de WhatsApp denominado «Proyectos 2020», donde participaban cuatro personas, pero la Fiscalía habría mostrado únicamente fragmentos del intercambio.
«No contiene toda la información, sino partes, y eso obviamente induce a un error a las testigos», aseguró el penalista.
A su juicio, el contenido completo demostraría que las llamadas que se realizaban estaban dirigidas a dirigentes del distrito del entonces diputado y no a actividades electorales prohibidas financiadas con recursos públicos.
«ABSOLUTAMENTE FALSO»
«Me gustaría saber qué hubieran contestado los testigos si se les hubiera exhibido el chat completo, con toda su información», cuestionó.
En ese contexto, aseguró que «la investigación desde su origen ha sido sesgada».
Según Bonacic, la Fiscalía construyó una tesis investigativa desde el inicio y posteriormente buscó antecedentes que permitieran respaldarla.
Desde la parte querellante sostienen que hay declaraciones de funcionarios y evidencia que demostrarían que tanto las bases de datos como ciertas labores desarrolladas por trabajadores financiados con recursos públicos tenían fines electorales.
Por lo mismo, descartaron la tesis de la defensa.
«Si eso fuese cierto, como tesis de defensa, el exdiputado Lavín no estaría en prisión preventiva. Eso es absolutamente falso», aseveró el querellante por parte de la municipalidad de Maipú.
