El Juzgado de Garantía de San Fernando ordenó detener a un funcionario policial de Carabineros, cabo 1° de la Tenencia Carreteras de la provincia de Colchagua, en la región de O’Higgins, por integrar un grupo delictual que comercia ilegalmente piezas de automóviles.
Los antecedentes investigados por la Fiscalía apuntan a su eventual participación en la sustracción de vehículos motorizados que se encontraban bajo custodia policial, los que posteriormente habrían sido comercializados para el desarme de sus partes y piezas.
Carabineros informó que la orden judicial e investigación del Ministerio Público derivó en la baja institucional y desvinculación del funcionario.
El caso plantea el debate sobre que los municipios cumplan con su obligación legal de proporcionar servicios de almacenamiento y custodia de vehículos retirados de circulación por infracciones a la normativa del tránsito, comúnmente “aparcaderos”, y no que las unidades policiales se conviertan en verdaderos “estacionamientos” improvisados.
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PIDEN QUE TODAS LAS COMUNAS SE ORGANICEN PARA TENER APARCADEROS FORMALES
Algunos representantes de los municipios abordaron la situación colocando como idea que se implementen los sistemas adecuados de almacenamiento y custodia de los vehículos que deben ser retirados de circulación, conforme a lo establecido en la Ley de Tránsito.
Los alcaldes y administradores municipales apuntan a que la permanencia prolongada de vehículos infractores en unidades policiales genera una carga operativa adicional para Carabineros, y obliga a los oficiales a cargo de esas unidades y destacamentos a destinar funcionarios y espacios físicos en el interior como exterior para resguardar esos vehículos, sacándolos de las labores de prevención, fiscalización y control del delito.
“Cuando las unidades policiales deben asumir la custodia de vehículos retirados de circulación, se distraen importantes recursos humanos especializados que son necesarios para fortalecer la seguridad pública y la presencia policial en los territorios”, indicaron representantes municipales a Está Pasando.
Asimismo, destacan que el Ministerio Público ha impulsado la habilitación de centros especializados para el almacenamiento de vehículos incautados y decomisados en causas penales, con el objetivo de preservar adecuadamente los medios de prueba durante el desarrollo de las investigaciones penales.
VEHÍCULOS COMO MEDIOS DE PRUEBA
La medida responde a que los vehículos motorizados constituyen actualmente elementos probatorios relevantes en diversos delitos, entre ellos robos, secuestros, homicidios por encargo, delitos sexuales, delitos rurales como abigeato, robo de madera y sustracción de maquinaria agrícola, así como delitos medioambientales vinculados al transporte y disposición ilegal de residuos peligrosos, escombros o basura en sitios eriazos.
En este contexto, las asociaciones municipales destacaron experiencias exitosas implementadas en distintas regiones del país.
De hecho, en alguna de las comunas de la región de O’Higgins, como San Vicente de Tagua-Tagua, Coinco, Peumo, Rengo, Doñigue, Coltauco, Quinta de Tilcoco y Rengo ya existe el servicio de aparcaderos a través Centro de Custodia de Vehículos Infractores (CCVI).
En la Región Metropolitana, mediante procesos de licitación pública, el servicio de custodia de vehículos vinculados a causas penales es desarrollado por la empresa Movilidad Urbana.
Por su parte, en las regiones de La Araucanía y del Biobío, esta función es ejecutada por el Centro de Custodia de Vehículos Infractores (CCVI), entidad especializada en la administración, almacenamiento y conservación de vehículos sujetos a procedimientos administrativos y judiciales.
MODERNIZAR UN SERVICIO QUE CADA VEZ SE USA MÁS
Las voceros municipales apuntan a que se debe avanzar hacia modelos especializados de custodia vehicular contribuye no sólo a fortalecer la cadena de custodia y la conservación de los medios de prueba, sino también a optimizar el uso de los recursos policiales, permitiendo que Carabineros concentre sus esfuerzos en las funciones propias de seguridad pública, prevención y combate al delito.
Los vehículos motorizados son utilizados frecuentemente como medio logístico para la comisión de delitos, entre ellos:
- Tráfico de drogas.
- Contrabando.
- Transporte de especies ilícitas.
- Movilización de vehículos robados.
- Traslado de prófugos de la justicia.
- Delitos asociados al crimen organizado.
Por esta razón, el vehículo no solo cumple una función de transporte, sino que también puede transformarse en una herramienta para facilitar y encubrir actividades delictivas.
Carabineros está facultado a realizar controles vehiculares, como línea preventiva de “detección incidental”, cuando los funcionarios policiales fiscalizan la documentación de los vehículos o verifica la identidad de conductores y ocupantes, donde pueden detectar delitos de mayor gravedad o de alta connotación pública en situación de flagrancia, muchas veces de forma inesperada.
ESTACIONAR VEHÍCULOS COMO FOCO DE CORRUPCIÓN
La detención y desvinculación del cabo 1° de la Tenencia de Carreteras de Colchagua revela, según fuentes policiales, un creciente foco de corrupción que debe ser atacado de inmediato, donde los municipios, especialmente rurales, tienen una gran incidencia al no hacerse cargo de esta “labor administrativa” derivada del trabajo policial.
El crimen organizado “sabe de este problema estructural” y con dinero en efectivo y no rastreable “puede tentar a funcionarios”, ya que los vehículos muchas veces pueden llegar a estar 6 meses o hasta un año detenido en la unidad policial, dicen las fuentes policiales.
Un caso que abre un tema, que parecería cotidiano, pero que puede tener una incidencia grave y real para la credibilidad policial ante la comunidad, la que está en una alta consideración luego de la publicación de la encuesta CEP, donde Carabineros ha ido lentamente recobrando su valoración ciudadana, llegando hoy al 58% de apoyo.
