La acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, llegó a la Cámara con una promesa ambiciosa: demostrar que durante el gobierno de Gabriel Boric se ocultó o proyectó incorrectamente una diferencia de casi $9,5 billones (equivalentes a 10.500 millones de dólares) en la deuda pública. Sin embargo, a pocas horas de su votación, el propio organismo técnico llamado a esclarecer la controversia terminó por derrumbar el principal argumento que sostenía el libelo. Así, el CFA deja sin piso la acusación contra el exministro Nicolás Grau.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) concluyó que no existen inconsistencias aritméticas en las proyecciones contenidas en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025. En otras palabras, los números cuestionados cuadran. La diferencia observada entre déficit y deuda tiene explicación técnica y contable, y no corresponde al supuesto «error» denunciado por las actuales autoridades económicas. menos a un acto doloso como lo sugiere el líder libertario Johannes Kaiser: «Yo no creo que Grau se haya «equivocado»… yo creo que hizo «sabotaje».
La conclusión es relevante porque la acusación nunca se construyó sobre una discusión política acerca de la calidad de la gestión fiscal del gobierno anterior. Su núcleo argumental apuntaba a una presunta infracción grave derivada de una inconsistencia matemática que habría alterado la información entregada al país y al Congreso.
Cuando la política supera a la evidencia
Desde el inicio del proceso, diversas voces del mundo jurídico y político, incluyendo sectores de la propia derecha, advirtieron que la acusación enfrentaba un problema de origen. La dificultad para transformar diferencias técnicas o errores de proyección en infracciones constitucionales susceptibles de destitución e inhabilidad. Desde Renovación Nacional el diputado Diego Schalper, jefe de bancada, ha encabezado su oposición a la AC con un categórico: “Yo sería más honesto con la opinión pública… Aquí merito jurídico no hay”.
La acusación constitucional es una de las herramientas más severas que contempla el ordenamiento chileno. Su propósito no es corregir desacuerdos técnicos ni sancionar interpretaciones económicas discutibles. Su finalidad es establecer responsabilidades por infracciones concretas a la Constitución o las leyes.
Por eso el informe del CFA adquiere una dimensión política mayor. No porque convierta automáticamente la gestión fiscal de Grau en intachable, sino porque elimina el hecho objetivo que servía como columna vertebral de la acusación.
El costo institucional
La situación abre una pregunta incómoda para quienes impulsaron el libelo. Si el organismo autónomo encargado de vigilar la sostenibilidad fiscal concluye que no hubo la inconsistencia denunciada, ¿Qué queda de la acusación?
El debate ya no parece centrarse en la existencia de un error de $9,5 billones, sino en la oportunidad política de una ofensiva que fue presentada ante la opinión pública como una reacción a un hallazgo técnico que hoy aparece desmentido.
Más aún, antecedentes conocidos durante los últimos días indican que informes elaborados por la propia Dipres ya habían advertido que las proyecciones cuestionadas eran internamente consistentes, información que estaba disponible antes del ingreso formal de la acusación. Ello vuelve aún más complejo sostener que existía una evidencia concluyente de irregularidad.
El peso de la maquinaria de poder
Ayer lunes, la Comisión Revisora de la AC recomendó su rechazo. La Cámara podrá igualmente rechazar o aprobar la acusación por razones políticas. Esa es una facultad que le corresponde. Pero el informe del CFA cambia el escenario de fondo.
Lo que comenzó como una denuncia sobre un supuesto error multimillonario en las cuentas fiscales terminó convertido en una discusión sobre el uso de las acusaciones constitucionales como herramienta de confrontación política.
Y cuando el fundamento técnico desaparece, lo que queda expuesto no es necesariamente la conducta del acusado, sino la solidez de quienes decidieron acusar.
