Luego del revuelo provocado por el preinforme de la Contraloría General de la República que dio cuenta de que no se pudo ubicar a 64 menores de edad haitianos que ingresaron a Chile mediante procesos de reunificación familiar durante el periodo 2023-2025, el organismo fiscalizador publicó su reporte final, donde apunta a quien era director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) en el periodo fiscalizado, Luis Thayer, como firmante del documento que hoy se encuentra en el centro de la controversia.
Se trata del memorándum N° 1.886, de 13 de mayo de 2024, dirigido a la directora de operaciones, jefas y jefes de departamentos y unidades de la Dirección de Residencias Definitivas y Residencias Temporales, que autorizó a flexibilizar requisitos migratorios establecidos por ley para ciudadanos haitianos, sin contar con atribuciones legales para hacerlo.
Lea también: Hombre que ingresó a niños haitianos a Chile revela cómo se realizaban los viajes
El informe final dela CGR advierte que dictó un memorándum al margen de la Constitución y las leyes, y con eso extralimitó sus facultades como director del Servicio de Migraciones, pues al intentar generar consecuencias jurídicas a través de ese documento vulneró el artículo 7° de la Constitución al asumir competencias exclusivas de los poderes colegisladores o de la potestad reglamentaria.
Contraloría se detiene en los casos de dos extranjeros haitianos que obtuvieron permisos de reunificación familiar con certificados de antecedentes penales que no tenían la vigencia legal exigida.
DOCUMENTO INTERNO
Ahí el Sermig respondió invocando un documento interno que el organismo fiscalizador no conoció hasta mayo de este año, al momento de auditarlo.
Ete fue emitido el 13 de mayo de 2024 por Thayer con “las medidas que el servicio, a esa data, dice ya haber aplicado aceptando documentos sin la legalización requerida por la ley N° 21.325 y sus reglamentos, definiendo excepciones a los requisitos, documentos y vigencias legales o procesos excepcionales de revisión que no están contemplados en la normativa legal y reglamentaria”, expuso la Contraloría.
Con eso formalizó por escrito algo que, según el propio memorándum, ya venía ocurriendo desde 2022.
Em concreto, autorizaba a continuar tramitando solicitudes de residencia dentro de Chile, aún cuando el certificado de antecedentes penales no estuviera vigente o debidamente legalizado, siempre que se configuraran determinadas situaciones excepcionales, entre ellas, que la persona registrara una residencia temporal otorgada, que hubiera presentado ese certificado en el procedimiento anterior y que no registrara viajes posteriores al permiso concedido.
Respecto de los dos casos de extranjeros que obtuvieron permisos de reunificación familiar con certificados de antecedentes penales que no tenían la vigencia legal exigida, la Contraloría no aceptó los argumentos del Sermig.
SIN VALIDEZ
Para la CGR, el memorándum de Thayer, independientemente de su justificación humanitaria, carecía de toda validez para modificar requisitos establecidos por ley, puesto que, según la Constitución Política, los órganos del Estado actúan válidamente solo dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, y “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.
En ese sentido, la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, establece en su artículo 36 que el procedimiento para acceder a los permisos de residencia, incluyendo datos, documentos, plazos y requisitos específico, debe estar regulado en la propia ley y su reglamento, y que los cambios relativos a procedimientos, requisitos, condiciones y plazos “debían ser modificados o exceptuados por ley o, en su caso, mediante decreto supremo sometido previamente a toma de razón y debidamente publicado en el Diario Oficial, nada de lo cual se cumplió”, advirtió el órgano contralor.
FALTA DE COORDINACIÓN
El informe evidencia, también, una serie de incumplimientos en el Sermig, la Policía de Investigaciones (PDI) y la subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios.
La Contraloría constató falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos en el resguardo de los niños, niñas y adolescentes haitianos, lo que implicó ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores para asegurar su protección.
Según la auditoría, el Sermig presenta debilidades significativas en sus controles, tales como la falta de verificación de datos autorreportados por los solicitantes, la ausencia de protocolos para situaciones críticas —como el fallecimiento del vínculo familiar— y la aprobación de permisos sin contar oportunamente con antecedentes esenciales, como el Informe Policial. Asimismo, se detectaron deficiencias en la calidad de la información, incluyendo registros incompletos, duplicados o erróneos.
Por su parte, la PDI no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio, contando solo con instructivos parciales. También se observaron errores en registros —como digitación incorrecta de pasaportes—, discrepancias en la información migratoria respecto del Sermig y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular, lo que le compete efectuar según la ley.
SUMARIOS INTERNOS
Finalmente, se advierte una débil estructura de control interno y gestión, evidenciada en la falta de segregación de funciones, la ausencia de procedimientos formales en la asignación de solicitudes y carencias en la definición de roles en los sistemas informáticos institucionales.
Ante los hallazgos detectados, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados para determinar eventuales responsabilidades funcionarias en el ingreso de los niños haitianos.
Asimismo, se ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, para verificar que no se hayan vulnerado sus derechos. Además, se realizará un examen de cuentas autónomo, por la falta de aplicación de sanciones pecuniarias a una aerolínea que ingresó al país sin cumplir la normativa.
Finalmente, se instruyó un procedimiento disciplinario por vulneración del deber de reserva del pre informe y tratamiento indebido de información sensible, incluyendo datos de los niños, niñas y adolescentes, junto con el envío de los antecedentes de dicha filtración al Ministerio Público.
