El Gobierno alista una serie de modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tras el homicidio de Alejandro Águila en San Bernardo, caso que volvió a instalar el debate sobre las sanciones que enfrentan los menores de edad involucrados en delitos violentos.
Sin embargo, el Ejecutivo ya trabajaba en esta materia desde hace al menos dos semanas. En ese contexto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvieron reuniones para analizar posibles cambios a la normativa.
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Durante esas conversaciones, ambas autoridades estudiaron distintas alternativas para endurecer las penas en los delitos de mayor gravedad.
PROYECTO DE 2022 SIRVE COMO BASE DE LA DISCUSIÓN
Las conversaciones del Ejecutivo se sustentan en una moción parlamentaria que el actual senador Andrés Longton (RN) presentó en 2022.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional y quedó lista para que la Sala del Senado la vote en general.
A diferencia de otras propuestas que buscan modificar la edad de imputabilidad, este proyecto apunta a cambiar las normas que permiten reducir las penas de adolescentes de entre 14 y 17 años.
Precisamente, ese grupo etario concentra gran parte del debate respecto de los delitos cometidos por menores de edad.
ADOLESCENTES DE 16 Y 17 AÑOS PODRÍAN SER JUZGADOS COMO ADULTOS
Entre las modificaciones que analiza La Moneda destaca la creación de un mecanismo de transferencia judicial.
Gracias a esta herramienta, adolescentes de 16 y 17 años podrían enfrentar un juicio bajo las reglas del sistema penal adulto cuando se les impute la comisión de delitos especialmente graves.
Por ejemplo, la medida de responsabilidad adolescente abarcaría ilícitos como homicidio, secuestro o el uso de artefactos explosivos.
No obstante, este procedimiento no operaría de forma automática. En cambio, el Ministerio Público tendría que solicitar la aplicación de este mecanismo y, posteriormente, un juez decidiría su procedencia en una audiencia especial con participación de la defensa.
CRITERIOS PARA APLICAR EL MECANISMO
Al momento de determinar si un adolescente debe enfrentar un juicio bajo las reglas del sistema penal adulto, la justicia consideraría diversos antecedentes.
Entre ellos figuran la gravedad del delito, el grado de participación del imputado, sus antecedentes delictivos y el riesgo que represente para la seguridad de la sociedad.
Además, las indicaciones incorporarían normas relacionadas con la reincidencia de adolescentes mayores de 14 años.
Por otra parte, el Ejecutivo también estudia permitir el traslado a recintos penitenciarios para adultos de quienes cumplan 18 años mientras aún cumplen condenas por delitos incluidos en el catálogo de mayor gravedad.
