La aprobación del presidente José Antonio Kast registró una baja de tres puntos porcentuales y llegó al 38%, mientras que su nivel de desaprobación subió cinco puntos, alcanzando el 58%.
La economía y el desempleo se mantienen como la principal prioridad para la ciudadanía, con un 67% de las menciones, un punto más que en la medición anterior. En segundo lugar aparecen la seguridad, la delincuencia y el narcotráfico, con un 61%, aunque este tema retrocedió cinco puntos.
SITUACIÓN LABORAL
Respecto de la situación laboral, el 83% considera que el país enfrenta una emergencia. Entre las principales razones mencionan los despidos y la inestabilidad en el empleo (46%), las dificultades para encontrar trabajo después de quedar cesante (39%, cuatro puntos menos) y los bajos salarios (36%, un punto más).
Además, el 62% afirma sentirse preocupado por la estabilidad de su empleo, un punto menos que en la encuesta anterior, mientras que el 34% asegura estar tranquilo.
Consultados sobre las acciones más efectivas para reducir la cesantía, el 37% cree que la clave está en impulsar el crecimiento económico. Le siguen el aumento de la inversión pública y privada (33%), los incentivos tributarios para empresas que contraten trabajadores formales (22%) y el control de la inmigración irregular (22%).
RESPALDO AL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS
En materia de seguridad, el 84% está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas colaboren en labores de seguridad ciudadana, aunque la cifra cayó cuatro puntos. Asimismo, el 73% respalda que apoyen a Carabineros y a la PDI en tareas de seguridad pública y combate contra el crimen organizado.
En esa línea, el 86% considera que esa colaboración debe realizarse únicamente bajo una ley clara. Además, el 79% cree que las Fuerzas Armadas pueden contribuir a recuperar el control de zonas dominadas por el crimen organizado y el 69% estima que la presencia de militares en las calles aumentaría la sensación de seguridad.
INDULTO A EXUNIFORMADOS DIVIDE OPINIONES
Sobre un eventual indulto del Presidente a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, el 51% se manifestó en contra, mientras que el 41% respaldó esa posibilidad.
Además, el 58% cree que una medida de ese tipo tendría un efecto negativo, frente a un 35% que estima que generaría consecuencias positivas.
