Custodiada por la Policía de Investigaciones (PDI) llegó al país la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, tras ser autorizada su extradición desde Países Bajos, hasta donde viajó tras ser condenada en Chile, en marzo de 2022, por fraude al fisco.
La exautoridad municipal llegó pasadas las 7:00 horas en un operativo de seguridad, procedente de Madrid, al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la región Metropolitana. Allí, la esperaba el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, quien encabezó la investigación que derivó en su condena a cinco años y un día de cárcel efectiva.
Rojo descendió del avión esposada y escoltada por dos funcionarios policiales, quienes la acompañaron durante su traslado desde Europa.
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Luego de los trámites de rigor en el terminal aéreo, la exalcaldesa fue trasladada de inmediato hasta el Centro de Justicia de Santiago para su control de detención, donde continuará el procedimiento judicial derivado de su ingreso al país.
Karen Rojo deberá esperar todo el día entre cuartel PDI y el Centro de Justicia tras retornar.
Por la hora de su arribo, la coordinación entre la Fiscalía y el 1º Juzgado de Garantía de Santiago su control de la detención será en el BLOQUE PM.-@EstaPasando_CL @BuenosDiasTVN pic.twitter.com/OR3l4zDrtG
— Mario Antonio Guzmán (@MarioAntoGuzman) July 15, 2026
SALIDA LEGAL
La justicia acreditó que malversó cerca de 23 millones de pesos de las corporaciones municipales de Salud y Educación de Antofagasta, fondos que se destinaron a asesorías comunicacionales para su campaña de reelección.
Tras recibir la sentencia y debido a que en ese instante no contaba con medidas cautelares vigentes como el arraigo nacional, Rojo logró salir de Chile de forma legal rumbo a Europa justo antes de que se concretara la notificación oficial de reclusión.
Tras ser detenida en el extranjero, la exalcaldesa estuvo recluida en la cárcel de Utrecht, en Países Bajos.
Ahora, ante el Tribunal de Antofagasta, la defensa de Karen Rojo buscará que el tiempo que permaneció recluida en Europa sea considerado como un abono para los cinco años de presidio dictados en Chile, lo que reduciría significativamente la pena pendiente.
Del mismo modo, la justicia local deberá determinar si el saldo de la condena se cumplirá en un recinto penitenciario femenino o si se le otorgará alguna medida alternativa.
