Derecha aprueba megarreforma por 2 votos en el Senado y queda a un paso de convertirse en ley. Va tercer trámite y mirando de reojo al Tribunal Constitucional.
La Cámara Alta aprobó el corazón del proyecto económico del Gobierno tras una extensa jornada de votaciones. La iniciativa avanzó por estrecho margen. Esto, luego del quiebre del acuerdo con el PPD y en medio del anuncio de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional.
Tras cerca de doce horas de discusión y votaciones, la iniciativa consiguió el respaldo mínimo necesario para avanzar a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde será revisada durante los próximos días antes de quedar en condiciones de convertirse en ley o pasar eventualmente a comisión mixta.
La aprobación representa la mayor victoria legislativa del Ejecutivo desde el inicio del mandato. Sin embargo, también deja al descubierto el alto costo político que implicó su tramitación.
Los artículos clave
Entre las disposiciones aprobadas figura la rebaja gradual del impuesto de primera categoría para las empresas. Lo anterior, disminuirá desde el 27% al 23%, uno de los pilares del programa económico del Ejecutivo.
El Senado también dio luz verde al régimen de invariabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión. Esto, es considerado por el Gobierno como una herramienta destinada a entregar certeza jurídica a inversiones de largo plazo.
Otro de los puntos aprobados fue la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores respecto de su vivienda principal, una de las medidas con mayor respaldo transversal durante la discusión legislativa. Quiroz prometió compensar a la municipalidades por la inmensa pérdida social.
Junto con ello, el proyecto incorpora un conjunto de normas destinadas a agilizar permisos e incentivar la inversión, además de otras medidas económicas contenidas en la propuesta presentada por el Ejecutivo.
El acuerdo que terminó rompiéndose
La votación estuvo precedida por intensas negociaciones entre el Gobierno y parlamentarios de centroizquierda.
Durante semanas, el Ministerio de Hacienda buscó construir un acuerdo con senadores del PPD para asegurar una aprobación más amplia de la reforma.
Sin embargo, ese entendimiento se quebró cuando el Ejecutivo presentó una indicación destinada a reducir el impuesto corporativo hasta el 22%, porcentaje inferior al 23% que había servido de base para las conversaciones.
Aunque posteriormente Hacienda retiró esa modificación y volvió a la propuesta original, el daño político ya estaba hecho. Los senadores que habían manifestado disposición a respaldar la iniciativa retiraron su apoyo, obligando al oficialismo a aprobar el proyecto únicamente con los votos de su propia mayoría.
Una imposición sin consenso
El resultado dejó una imagen poco habitual para reformas tributarias de gran envergadura.
Los principales artículos fueron aprobados por diferencias estrechas, reflejando una fuerte división política respecto del modelo económico impulsado por el Ejecutivo.
Desde la oposición se cuestionó tanto el contenido como la sostenibilidad fiscal de la iniciativa, advirtiendo que varias de sus normas podrían afectar la recaudación del Estado y derivar en futuros ajustes del gasto público.
El Gobierno, en cambio, defendió la reforma como una herramienta destinada a reactivar la inversión, recuperar el crecimiento económico y generar empleo en un escenario marcado por la desaceleración económica y un mercado laboral debilitado.
El siguiente capítulo
Superado el Senado, la reforma enfrentará ahora su última gran prueba política en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Paralelamente, sectores de oposición ya anticiparon que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar parte de las disposiciones aprobadas, particularmente aquellas relacionadas con la invariabilidad tributaria y otros aspectos considerados incompatibles con el orden constitucional vigente. El propio ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad acerca de indicaciones como la que pone fin a la obligación exclusiva de las empresas con 20 o más trabajadoras de entregar derecho a sala cuna, así como una norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés. Ello, pues Quiroz sostiene que no responden a las ideas matrices del proyecto.
De prosperar en la Cámara Baja, el proyecto se convertirá en la principal transformación tributaria y económica aprobada durante la actual administración, consolidando uno de los compromisos centrales del programa presidencial, aunque con una legitimidad política construida sobre una de las votaciones más estrechas del período legislativo.
