El balance oficial entregado este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, sobre el doble terremoto que afectó al norte del país el pasado 24 de junio elevó a cuatro mil 930 el número de muertos.
A través de Telegram, expuso que el número confirmado de víctimas fatales se incrementó en 101 personas respecto del reporte anterior. En tanto, las autoridades mantienen en 16 mil 740 la cantidad de heridos y en 17 mil 907 el número de personas que quedaron sin vivienda tras la emergencia.
El informe también detalla que los organismos de respuesta han brindado asistencia a 128 mil 324 familias, mientras que 21 mil 210 personas permanecen albergadas en 107 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno.
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Respecto a los daños estructurales, el balance sostiene que 856 edificios resultaron afectados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados hace tres semanas. De ellos, 190 colapsaron completamente.
Aparte de los muertos, heridos y daños a la infraestructura, las autoridades de Venezuela contabilizaron que desde el inicio de la emergencia se han producido mil 308 réplicas. La más significativa ocurrió el viernes pasado, cuando un movimiento de magnitud 3,9 se registró a diez kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre.
Ese temblor generó momentos de tensión entre la población y motivó evacuaciones preventivas en distintos edificios.
LA DIFÍCIL RECONSTRUCCIÓN
En paralelo a las labores de emergencia, el Ejecutivo venezolano inició un censo biométrico para determinar el número de viviendas que será necesario reconstruir. La estimación oficial apunta a que serán necesarias unas 25 mil soluciones habitacionales.
Según adelantó Jorge Rodríguez, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregará durante esta semana las primeras 200 viviendas destinadas a las familias damnificadas.
En ese contexto, el Parlamento el país caribeño aprobó el martes un proyecto de reforma a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, iniciativa que busca acelerar la construcción de viviendas tras la catástrofe.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que la modificación pretende otorgar mayores garantías jurídicas y facilitar el financiamiento del sector, con el objetivo de impulsar un proceso masivo de reconstrucción habitacional.
