Si bien el senador independiente Miguel Ángel Calisto asegura que Carla Graf trabajó para él entre 2018 y 2022 y que tiene unos informes suyos que así lo prueban, un peritaje de la Policía de Investigaciones (PDI) echó por tierra ese argumento: la investigación de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Coyhaique concluyó que es imposible que los reportes los haya efectuado ella, y menos aún antes de 2023.
Recordemos que el parlamentario enfrenta una acusación formal de la Fiscalía por fraude al Fisco y fraude de subvenciones, por la que se piden 12 años de cárcel para él. El Ministerio Público lo investiga por presuntas «asesorías fantasmas» y uso irregular de más de $105 millones de pesos mediante contratos simulados cuando era diputado.
Según el reporte policial, firmado por el comisario Rodrigo Muñoz y el subprefecto Patricio Curiqueo, era materialmente imposible que los documentos que presentó la defensa del parlamentario fueran elaborados durante la supuesta asesoría. El más obvio es que la información que contienen solo estuvo disponible en 2023, cuando Graf ya no trabajaba para él.
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«Se arriba a esta conclusión, ya que los documentos contienen análisis y datos estadísticos del año 2022 y en varias secciones se compara la situación 2022 con la de 2021 y años anteriores. Los informes fueron realizados después de cerrado el año 2022, pero antes de contar con datos del 2023» afirmó el peritaje de la PDI a la evidencia presentada por Calisto.
“En este sentido es importante señalar que es práctica común que los informes anuales con datos cerrados a diciembre de 2022 se elaboren y publiquen durante el primer semestre de 2023. Por lo tanto, el informe fue elaborado en 2023, utilizando como base los datos estadísticos disponibles, correspondientes al año 2022″, añadió.
“Dichos informes y documentos no fueron confeccionados por Carla Graf Toledo, ya que la imputada trabajó para el diputado Miguel Ángel Calisto sólo hasta el mes de febrero de 2022, por lo que a esa época era imposible que tuviera disponible la información estadística que sólo se generó y fue publicada a partir de fines de 2022 y comienzos de 2023″, plantea el informe, dado a conocer por La Tercera.
NI COHERENCIA NI FIABILIDAD
Lo otro que verificó el peritaje de la PDI es que «ningún informe entregado por la defensa es citado como parte de la labor realizada por la imputada. Junto a ello, al realizar un análisis de las tres declaraciones prestadas por doña Carla Grag, y al ser consultada en todas las ocasiones por sus labores específicas, en ningún momento mencionó haber realizado informes estadísticos en materias de Salud, Vivienda y Becas (que fueron las materias sobre las que versaban los informes que entregó su abogado) para apoyar la labor parlamentaria».
«Resulta de suyo lógico estimar que de haber confeccionado dichos informes, sería un respaldo importante para justificar su trabajo», añadió.
Concordante con lo planteado por la PDI, el marido de Graf, Roland Cárcamo (también imputado), aseveró que las labores que ella cumplía eran más de coordinación; el jefe de gabinete de Calisto, Cristián Rivadeneira, descartó conocer informes demográficos y socioeconómicos supuestamente elaborados por ella.
Además, La Brigada Investigadora de Delitos Económicos determinó que los documentos “no cumplen estándares de coherencia ni fiabilidad en la entrega de los datos” y «se puede colegir que los informes entregados por la defensa de doña Carla Graf no fueron elaborados en fechas coetáneas al año que los identifica, sino en una fecha posterior, y sin una metodología que respalde los antecedentes entregados, como por ejemplo, identificar fehacientemente las fuentes de información utilizadas».
