La defensa del ahora senador Miguel Ángel Calisto (independiente), donde está imputado junto con otras personas del delito reiterado de fraude al Fisco, solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, que la indagatoria de su caso ya no la encabece el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sino otro persecutor.
¿El motivo? A juicio de los abogados Jorge Bofill y César Ramos se estaría ante una investigación sesgada.
Así lo dijo este último a La Tercera.
“La Fiscalía Regional de Aysén, pese a encontrarse frente a un delito flagrante y consumado de obstrucción a la investigación, cometido mediante la presentación de documentos falsificados, haya decidido no perseguirlo», explico, en referencia a unos informes presentados por los también imputados Carla Graf y Ronald Cárcamo.
Lea también: Según la PDI informes de asesora de Calisto no fueron hechos por ella
«La Fiscalía cuenta hace meses con el informe de la PDI que da cuenta de la falsedad de tales informes, pero omite perjudicar la posición de Cárcamo y Graf, imputando la falsificación de evidencia. Esa forma de proceder es incompatible con el principio de objetividad y pareciera confirmar que no existe un interés real en investigar imparcialmente los hechos atribuidos al senador”, añadió.
A eso añadió que la Fiscalía pretende investigar los hechos denunciados por Cárcamo, cuando es esa misma institución la que fue cuestionada por él cuando dijo que sobornaron al exfiscal regional Carlos Palma para que cerrara la investigación del caso contra Calisto.
“La situación que tenemos hoy es que el equipo que pretende investigar los hechos denunciados por el señor Cárcamo, es el mismo que realizaba las diligencias investigativas bajo la dirección del exfiscal regional. Esta situación es evidentemente un problema. La transparencia y la objetividad exigen que la Fiscalía Regional de Aysén no pueda investigarse a sí misma respecto de los hechos denunciados por el señor Cárcamo“, recalcó Ramos.
TAMBIÉN EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Otra parte de la arremetida de la defensa de Calisto fue la presentación de un recurso de inaplicabilidad ante al Tribunal Constitucional (TC) para detener las pesquisas.
El 15 de julio pasado, el TC admitió a trámite el requerimiento, pero no dio lugar a la suspensión del procedimiento que ahí solicitaron.
El lunes pasado insistieron con urgencia, porque el próximo 27 de julio el Juzgado de Garantía de Coyhaique revisará la solicitud que presentaron para que se ordene al Ministerio Público realizar una serie de diligencias que estiman pertinentes. No es seguro que ahí les vaya bien, entonces apelan a que el TC congele todo.
Como era de esperar, el Ministerio Público y el CDE se opusieron.
De acuerdo con el medio citad, la fiscal nacional (S) Carmen Gloria Wittwer puntualizó que «la solicitud de suspensión del procedimiento cuando precisamente la investigación se encuentra abierta y se han decretado gran parte de las diligencias solicitadas por la defensa, parece más bien un contrasentido, ya que será esa audiencia (la del lunes 27) en la que incluso podrá seguir instando por el resto de las diligencias que había pedido y en cambio pretende ahora que no se lleve a cabo».
«RESULTA CONTRADICTORIO»
Por parte del CDE, el procurador fiscal Marcelo Chandía, aseveró que como la causa está abierta “no existe riesgo de avance intempestivo hacia el juicio oral ni de aplicación inmediata de la norma impugnada para perjudicar al requirente».
Además expuso que «resulta contradictorio y violatorio de la doctrina de los actos propios que la defensa alegue una ‘urgencia dramática’, cuando ellos mismos han admitido formalmente que la suspensión ya no es requerida tras la reapertura de la investigación. Consta en los antecedentes que con fecha 9 de julio de 2026, los abogados del requirente presentaron un escrito ante Corte de Apelaciones de Coyhaique por el cual desistieron de la acción constitucional de amparo que habían interpuesto».
A juicio de Chandía, «el examen de las actuaciones de la contraparte devela un patrón procesal abusivo que busca paralizar la acción de la justicia ordinaria por el delito de fraude al Fisco».
«La reiteración de la solicitud de suspensión no es más que otra pieza de esta estrategia de desgaste institucional para evitar que el parlamentario enfrente las fases posteriores del enjuiciamiento criminal», afirmó.
