En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se desarrolló una nueva audiencia para discutir una solicitud del Ministerio Público para el desafuero de Miguel Ángel Calisto. La medida ya había sido aprobada cuando el parlamentario era diputado, pero se estimó que al jurar como senador lo protegería una nueva inmunidad.
La acusación judicial apunta a delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones cometidos presuntamente entre 2018 y 2022, período en que el legislador formaba parte de la Cámara Baja.
El desafuero es un requisito indispensable para suspender la inmunidad parlamentaria de Calisto y que la causa penal en su contra pueda avanzar hacia un juicio oral.
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La Fiscalía Local de Coyhaique cerró la investigación tras una reapertura temporal ordenada por el Juzgado de Garantía de esa ciudad. La idea fue realizar peritajes y tomar nuevas declaraciones solicitadas por las defensas, diligencias que según el Ministerio Público reforzaron la tesis fiscal.
De cuerdo con la indagatoria, entre 2018 y 2022 el legislador se concertó con Roland Cárcamo y Carla Graf para recibir dineros del Congreso Nacional por falsas asesorías pagadas como asignaciones parlamentarias. El monto defraudado alcanzaría a 105 millones de pesos.
AMIGOS DESDE HACE AÑOS
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, alegó el desafuero y expuso ante la Corte que Graf, pareja de Cárcamo, educadora de diferencial y desconocida por la secretaria de Calisto en el Congreso, fue contratada por montos de entre 1,1 y 3,1 millones de pesos, dinero que se le pagó incluso durante los casi dos años que estuvo con licencia por embarazo y posnatal.
Detalló también que, según un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), “todos los dineros recibidos por Carla Graf fueron transferidos al diputado Calisto y a personas cercanas al partido demócrata cristiano”.
El persecutor enumeró también que Calisto nombró a Graf como asesora parlamentaria y que celebraron ocho contratos entre 2018 y 2022, los que solo variaron en cuanto a montos, pero no tareas. Que son amigos desde hace añosy que, no obstante saber que ella era profesora educadora diferencial, igual la presentó para recibir honorarios. Que los informes para pagar los honorarios de asignación a parlamentarios nunca existieron y aún así se utilizaron para defraudar al fisco.
«DELITOS REITERADOS»
A juicio de Campos, “son delitos reiterados que afectaron el correcto desempeño de la función pública porque precisamente este funcionario público malogró los principios de objetividad integridad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública con este perjuicio millonario”.
La resolución que adopte la Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinará si se cursa el desafuero y Calisto pierde su inmunidad temporal frente a esta causa.
Se espera que durante las próximas jornadas el tribunal emita su pronunciamiento respecto a la solicitud presentada por la Fiscalía, habilitando o denegando la continuidad del proceso penal y las medidas cautelares solicitadas por el persecutor penal en contra de los involucrados.
