Tras el fallo de la Corte de Puerto Montt que acogió el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto solicitado por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, el parlamentario confirmó rápidamente que apelará y que su estrategia se centrará en un recurso ante la Corte Suprema.
El legislador enfrenta una acusación por delitos reiterados de fraude al Fisco, en una causa donde se piden para él 12 años de cárcel de presidio. Ha planteado a quien quiera escucharlo que la investigación que lo afecta está llena de irregularidades y ha acusado una suerte de animadversión hacia él. Lo cierrto es que ya fue desaforado por todas las cortes cuando era diputado y ahora, tras asumir como senador, solo falta la deliberación del máximo tribunal.
Según La Tercera los esfuerzos de la defensa del senador estarán principalmente destinados a un recurso de apelación que ingresaron a fines de septiembre para revertir la resolución del tribunal de alzada de Coyhaique que, a su vez, rechazó el amparo con que buscaba frenar el cierre de la investigación.
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El defensor del legislador, Nelson Salas, acusó que el Juzgado de Garantía de Coyhaique dispuso el cierre de la causa pese a que no se le había entregado copia de todos los antecedentes del expediente, por lo que Calisto no pudo controvertir o contrastar ciertos elementos con diligencias alternativas y/o nuevas declaraciones, con lo que se estarían afectando sus garantías constitucionales.
«EL IMPERIO DEL DERECHO»
El recurso de apelación que se elevó a la Suprema sostiene que “la defensa obviamente espera que el amparado sea absuelto de todos los cargos, y esa expectativa tiene como base que se puedan conocer todos los antecedentes de la investigación, no solo aquellos que la Fiscalía considera de interés para su teoría del caso, sino también y sobre todo aquellos que no piensa hacer valer contra el amparado”.
Estima que cuando el máximo tribunal ponga la causa en tabla para hacer las alegaciones se revocará lo resulto para así “reestablecer el imperio del derecho”.
Salas comentó al medio citado que «el desafuero no implica que se haya dado por acreditada la existencia del delito ni la participación de mi representado».
Para él, los antecedentes expuestos por el Ministerio Público siguen siendo cuestionables. Por ejemplo, añadió, «una parte relevante de la imputación surge de un cambio de versión intempestivo de un imputado, ocurrido en la etapa final de una investigación prácticamente agotada y en circunstancias que deben ser analizadas con especial cautela, particularmente por su cercanía con la modificación de la medida cautelar que lo mantenía privado de libertad”.
Salas especificó que el recurso de amparo para Calisto «se interpuso porque, fuera de toda norma y principio legal y constitucional, el Ministerio Público nos ha privado de acceder al contenido íntegro de la carpeta, pese a haber cerrado la investigación. Se nos ha negado el acceso a antecedentes aportados por el coimputado Cárcamo y que respaldarían su nueva y última versión”.
Recalcó, además, que «nos corresponde a nosotros, como defensa, determinar si estos antecedentes resultan o no útiles para defender al senador Calisto”.
