Remoción de jueces: ANMM valora intervención de relatora ONU. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANMM) apreció de forma categórica el reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas Margaret Satterthwaite, sobre la independencia de magistrados y abogados.
El organismo internacional manifestó formalmente su profunda preocupación ante los 57 cuadernos de remoción que han sido abiertos por la Corte Suprema de Justicia en contra de diversos jueces a lo largo del país.
A través de sus canales oficiales, la directiva del gremio judicial calificó la intervención de la relatora de la ONU como un respaldo técnico fundamental para la protección de las garantías democráticas en Chile.
Desde el colectivo señalaron que la postura internacional ratifica las alertas que la propia asociación viene denunciando activamente de forma interna y ante organismos como la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
Vulneración al debido proceso y salud laboral
El presidente de la
ANMM destacó que las observaciones emanadas desde las Naciones Unidas apuntan directamente al núcleo del problema: la utilización de procesos de cese de funciones motivados por licencias médicas prolongadas. Para el gremio judicial, estos mecanismos administrativos adolecen de graves falencias regulatorias, carecen de instancias reales de apelación y vulneran abiertamente el derecho al debido proceso de las y los juzgadores afectados.
«La revisión de la idoneidad física o mental de un magistrado no puede transformarse en una herramienta punitiva ni en una amenaza latente que erosione el principio constitucional de inamovilidad», recalcaron desde el Directorio Nacional de la asociación.
Próximas acciones institucionales
Con el espaldarazo técnico e internacional de la Relatora Satterthwaite, la Asociación de Magistradas y Magistrados reafirmó que mantendrá firmes sus acciones de resistencia institucional. Entre ellas, destaca la tramitación del amparo gremial presentado ante la propia Corte Suprema con el objetivo de frenar de forma inmediata la ejecución de estas remociones masivas.
El gremio concluyó haciendo un llamado urgente al máximo tribunal del país para adecuar los procedimientos administrativos internos a los estándares internacionales de derechos humanos, asegurando de este modo que la salud de los trabajadores judiciales se aborde desde la protección sociolaboral y nunca desde la sanción disciplinaria desproporcionada.
El amparo gremial
Como se sabe, la Corte Suprema, bajo la presidencia de la ministra Gloria Ana Chevesich, ordenó la apertura masiva de 56 cuadernos de remoción (bajo el rol Pleno AD-1096-2026) tras revisar sumarios a nivel nacional. El motivo, investigaciones contra jueces, relatores y secretarios por el mal uso de licencias médicas, específicamente por haber realizado viajes al extranjero mientras se encontraban con reposo laboral.
La acción gremial fue presentado formalmente el jueves 23 de julio de 2026 por el Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) ante el Pleno de la Corte Suprema. La delegación estuvo liderada por su presidenta, Mariela Hernández, junto al vicepresidente Javier Mora y los directores Mauricio Chía y Alejandro Vera.
La acción apuntaba a 4 ejes:
1.- Vulneración al Principio Non Bis In Idem (Doble Juzgamiento)
La asociación aclaró que no defiende el mérito de las faltas, sino el procedimiento. Sostienen que los hechos ya fueron investigados y sancionados mediante sumarios administrativos ordinarios que se encuentran firmes y ejecutoriados. Reabrir los casos para removerlos implica juzgarlos dos veces por lo mismo.
2.- Indeterminación del «Buen Comportamiento»
El máximo tribunal invocó el artículo 80 de la Constitución Política, el cual señala que los jueces permanecen en sus cargos «durante su buen comportamiento». El amparo argumenta que esta causal es ambigua y carece de una definición precisa, lo que entrega una discrecionalidad peligrosa a la cúpula judicial.
3.- La Suprema como «Parte y Juez»
Se critica duramente la arquitectura interna del gobierno judicial chileno. El gremio acusa que la Corte Suprema actúa simultáneamente como el organismo persecutor y el tribunal que dicta la sentencia de expulsión, anulando las garantías mínimas de un debido proceso disciplinario e imparcial.
4.- Amenaza a la Independencia Judicial e Inamovilidad
El escrito enfatiza que la inamovilidad de los jueces no es un «privilegio corporativo», sino una garantía constitucional diseñada para proteger a los ciudadanos, asegurando que los magistrados fallen sin temor a represalias o remociones arbitrarias de sus superiores.
Interviene también el Tribunal Constitucional
Cabe hacer presente que como Está Pasando informara en exclusiva, el Tribunal Constitucional (TC): A fines de julio de 2026, el TC acogió un requerimiento interpuesto por el abogado Carlos Quezada y ordenó suspender temporalmente el procedimiento disciplinario de la Corte Suprema, abriendo una fuerte disputa constitucional mientras revisa si el requisito de «buena conducta» se ajusta a la carta fundamental.
La ANMM ya confirmó que los antecedentes de este amparo y las maniobras de la Suprema se sumarán formalmente a las denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la ONU.
