Tribunal Constitucional paraliza sumario de la Corte Suprema por caso licencias médicas y abre inédita disputa entre ambas magistraturas.
Una resolución del Tribunal Constitucional abrió este miércoles un nuevo capítulo en el denominado caso de las licencias médicas y viajes al extranjero de funcionarios judiciales, pero con alcances que trascienden con mucho esa investigación.
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional acogió a tramitación un requerimiento de inconstitucionalidad deducido por el abogado Carlos Quezada, en contra de los artículos 40 y 41 del Auto Acordado N°108-2020 de la Corte Suprema, que regula el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial. Junto con ello, resolvió suspender el procedimiento disciplinario pendiente ante el máximo tribunal mientras se resuelve la admisibilidad del requerimiento.
La resolución implica, en los hechos, que la Corte Suprema no podrá continuar con ese procedimiento disciplinario mientras el Tribunal Constitucional resuelve la incidencia constitucional planteada.
Mucho más que un caso disciplinario
Aunque el conflicto surge a propósito de uno de los sumarios abiertos por la Corte Suprema tras detectarse viajes al extranjero durante licencias médicas, el alcance jurídico de la decisión excede ampliamente ese caso particular.
Lo que ahora deberá resolver el Tribunal Constitucional es si determinadas normas del auto acordado dictado por la Corte Suprema se ajustan o no a la Constitución, cuestión que incide directamente en las potestades disciplinarias que ejerce el máximo tribunal respecto de los integrantes del Poder Judicial.
En otras palabras, la discusión ya no gira únicamente sobre un procedimiento disciplinario específico, sino sobre la constitucionalidad de las reglas con que la Corte Suprema ejerce esa potestad.
La importancia de la suspensión
La trascendencia inmediata de la resolución radica en que el Tribunal Constitucional estimó necesario suspender la gestión pendiente para evitar que una eventual sentencia futura perdiera eficacia.
La mayoría sostuvo que, si eventualmente se declara la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y el procedimiento disciplinario ya hubiera concluido, la decisión del Tribunal podría resultar inocua para quien promovió el requerimiento. Por ello estimó procedente paralizar temporalmente el proceso disciplinario.
Ese razonamiento constituye uno de los aspectos centrales de la resolución y explica por qué el TC optó por adoptar una medida cautelar excepcional.
La decisión tampoco fue unánime
La ministra Marcela Peredo estuvo por admitir a tramitación el requerimiento, pero rechazó suspender el procedimiento seguido ante la Corte Suprema.
En su voto sostuvo que la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional contiene una regla especial según la cual la sola interposición de un requerimiento contra un auto acordado no suspende su aplicación, recordando además que el propio legislador descartó entregar esa facultad cautelar durante la tramitación de la reforma legal.
La disidencia cita, además, la historia fidedigna de la ley y jurisprudencia anterior del propio Tribunal Constitucional para sostener que existen precedentes en que estos requerimientos fueron admitidos a tramitación sin suspender los procedimientos respectivos.
Un conflicto institucional
Más allá del desenlace del proceso disciplinario concreto, la resolución abre un debate de especial relevancia institucional.
Por primera vez en el contexto de los sumarios derivados del caso licencias médicas, el Tribunal Constitucional interviene suspendiendo el procedimiento disciplinario instruido por la Corte Suprema mientras analiza la constitucionalidad del propio marco normativo que regula dichas investigaciones.
Lo que resuelva el Pleno del Tribunal Constitucional no sólo tendrá efectos sobre este procedimiento particular. También fijará criterios respecto del alcance del control constitucional sobre los autos acordados dictados por la Corte Suprema y la forma en que ambas magistraturas ejercen sus respectivas competencias dentro del ordenamiento jurídico chileno.
