Un grupo de diputados de derecha presentó un proyecto que busca suspender la aplicación de la Ley Karin durante cinco años con el objetivo de revisar su diseño y proponer modificaciones antes de que vuelva a regir.
La iniciativa fue ingresada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL), el Partido Republicano, Renovación Nacional (RN) y el Partido de la Gente (PDG).
Sostienen además que la normativa -vigente desde hace casi dos años- cumplió un rol al abrir un canal institucional para denunciar casos de acoso y violencia en el trabajo, pero que su implementación ha evidenciado problemas que, a su juicio, requieren una corrección de fondo, como por ejemplo, en lo que respecta a la sobrecarga en el sistema de denuncias laborales.
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La Ley Karin comenzó a regir en agosto de 2024 y estableció nuevas obligaciones para empleadores y organismos públicos en la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.
CAPACIDAD DE RESPUESTA
Para los impulsores del proyecto, el número de denuncias ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de investigarlas.
De acuerdo con cifras de la Dirección del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social, expusieron, entre agosto de 2024 y junio de 2025 se recibieron 44 mil 212 denuncias. El 42% fue clasificado como materia propia de la Ley Karin.
Según los parlamentarios, el procedimiento terminó absorbiendo controversias que no necesariamente corresponden al ámbito de la ley, lo que ha retrasado la resolución de los casos que sí califican como acoso o violencia laboral.
El proyecto de los diputtados no propone eliminar definitivamente la Ley Karin, sino suspender sus efectos mientras se revisa su funcionamiento.
Según la propuesta, durante ese periodo debería elaborarse una nueva propuesta que precise los conceptos utilizados por la normativa, incorpore una etapa de admisibilidad para filtrar denuncias y establezca mecanismos frente a eventuales denuncias realizadas de mala fe.
«UN RESPIRO LEGISLATIVO»
Para el diputado Eric Grohs, uno de los autores de la iniciativa, “lo que proponemos no es desproteger a los trabajadores, sino abrir una discusión responsable sobre una legislación que ha generado una carga muy superior a la prevista para las instituciones encargadas de aplicarla. Necesitamos una normativa que proteja eficazmente a las víctimas, pero que también entregue certezas jurídicas y procedimientos oportunos”, afirmó.
El diputado del PDG Patricio Briones, en tanto, afirmó que se requiere “un respiro legislativo y administrativo” y que “la idea es capacitar adecuadamente a los fiscalizadores, ajustar los protocolos de investigación y asegurar que cada denuncia reciba la atención rigurosa que merece”, sostuvo.
Por su parte, la diputada del PNL Paulina Muñoz aseveró que “esta ley definitivamente tiene espacios de mejora de los cuales nos tenemos que hacer cargo» y añadió que «pedimos que se suspenda mientras el Ejecutivo ingresa las modificaciones y volvemos a discutirla en el Parlamento”.
El diputado del PDG Javier Olivares aseguró que «hay que ajustarla», entre otros motivos porque «hoy tenemos tribunales completamente colapsados con este tema».
