Política

Paulina Núñez rechaza suspender la aplicación de la Ley Karin

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Núñez Ley Karin
«Fue una iniciativa que tuvo un apoyo democrático transversal y que, sin duda, ha servido como protección para muchos trabajadores y trabajadoras», dijo la presidenta del Senado.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, rechazó la propuesta de un grupo de parlamentarios de derecha de suspender la aplicación de la Ley Karin.

La normativa que busca prevenir y sancionar situaciones de acoso laboral, sexual y violencia en los espacios de trabajo.

“Todos los gobiernos, cuando asumen, pueden revisar los reglamentos, perfeccionarlos y modificarlos”, dijo la parlamentaria, y que, en ese sentido, la administración de José Antnio Kast también puede hacerlo.

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«Pero eso no significa que haya que suspender la ley», recalcó.

«No estoy disponible para que se suspenda», añadió.

Para Núñez, no podemos olvidar que la Ley Karin «fue una iniciativa que tuvo un apoyo democrático transversal —y también mayoritario en el Congreso— y que, sin duda, ha servido como protección para muchos trabajadores y trabajadoras».

«Por supuesto, una buena ley es aquella que cumple con su idea matriz y con el objetivo para el cual fue discutida. Cuando algunos terminan abusando de la ley, se generan situaciones que pueden llevar a planteamientos equivocados, como proponer la suspensión de su ejecución», describió la presidenta del Senado.

Además, reiteró su postura contraria a detener la aplicación de la Ley Karin y planteó que los esfuerzos deben enfocarse en perfeccionar su implementación.

DECLARACIÓN DE LA MESA DEL SENADO

Núñez, como presidenta del Senado, e Iván Moreira, como vicepresidente, emitieron una declaración donde expusieron que «como Mesa Directiva del Senado manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta, por cuanto constituye un camino equivocado para abordar los desafíos de su implementación».

«La Ley Karin fue aprobada con un respaldo transversal y mayoritario en el Congreso Nacional, reflejando un consenso político e institucional sobre la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo», añadieron.

Continuaron diciendo que «como toda legislación reciente, su implementación puede requerir ajustes y perfeccionamientos. Sin embargo, ello no justifica suspender una norma que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas».

Finalizaron planteando que «estimamos que el esfuerzo debe orientarse a modificar y perfeccionar el reglamento, robusteciendo los requisitos de admisibilidad de las denuncias y definiendo estándares más exigentes para su presentación, de manera que estas cuenten con antecedentes suficientes para dar inicio a una investigación formal».

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