Donald Trump llevará hasta la Corte Suprema su disputa por la construcción del gigantesco salón de baile que pretende levantar en la Casa Blanca. Una corte federal de apelaciones mantuvo paralizadas las obras sobre superficie al considerar que una intervención de esa magnitud necesita autorización del Congreso.
El conflicto supera así una discusión arquitectónica o patrimonial. En el centro vuelve a aparecer una pregunta que ha acompañado buena parte del segundo mandato de Trump: hasta dónde alcanzan las facultades presidenciales cuando el Ejecutivo decide actuar sin intervención previa del Legislativo.
La Casa Blanca no pertenece al Presidente
El tribunal fue especialmente claro al separar la conveniencia del proyecto de la legalidad del procedimiento utilizado para ejecutarlo. Los jueces señalaron que la suspensión no guarda relación con determinar si construir el salón resulta conveniente. El problema radica en que Trump inició las obras sin obtener previamente la autorización del Congreso.
La mayoría sostuvo que el Gobierno no dispone de una autoridad ilimitada para rediseñar, remodelar o reconstruir la Casa Blanca según los deseos personales de quien ocupe temporalmente la Presidencia.
El argumento resulta particularmente significativo porque transforma la discusión sobre un edificio en otra sobre los límites del poder. La Casa Blanca es la residencia oficial del Presidente, pero no su propiedad. Algunos en Chile tampoco entendieron eso.
US$400 millones y 8.400 metros cuadrados
El proyecto contempla aproximadamente 8.400 metros cuadrados y sustituirá al Ala Este de la Casa Blanca, demolida durante 2025 para permitir la construcción. Trump presentó originalmente el salón como una solución para realizar cenas de Estado, ceremonias y grandes recepciones que actualmente obligan a instalar estructuras temporales.
Sin embargo, el proyecto aumentó considerablemente sus dimensiones y costos. Los antecedentes judiciales sitúan actualmente su valor alrededor de US$400 millones. La administración también incorporó un argumento adicional: seguridad nacional.
Trump sostiene que las obras incluyen instalaciones subterráneas destinadas a proteger la Casa Blanca y ha mencionado refugios y sistemas defensivos como parte del proyecto. Los tribunales permitieron anteriormente continuar determinadas obras bajo tierra vinculadas precisamente a instalaciones de seguridad, pero mantienen bloqueada la construcción del salón sobre superficie.
Trump acusa motivaciones políticas
El mandatario reaccionó duramente contra la decisión y anunció que recurrirá a la Corte Suprema. Calificó el fallo como políticamente motivado e ilegal y aseguró que la paralización representa una amenaza para la seguridad nacional debido al estado avanzado de los trabajos.
El caso comenzó después de que el National Trust for Historic Preservation acudiera a los tribunales para cuestionar la legalidad de las obras. En febrero, un juez había permitido que los trabajos continuaran temporalmente. Un mes después, la justicia ordenó detener la construcción sobre superficie mientras se resolvía la controversia sobre la autorización del Congreso.
La disputa llegó posteriormente hasta la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, que ahora respaldó esa interpretación. Uno de los magistrados discrepó de la mayoría y consideró que la suspensión constituye una intromisión judicial sobre las atribuciones del Ejecutivo.
Otra disputa sobre los límites presidenciales
El recurso anunciado por Trump llevará ahora la controversia hasta un tribunal cuya composición resulta especialmente relevante. La Corte Suprema mantiene una mayoría conservadora de seis magistrados contra tres y tres de sus integrantes fueron nombrados por el propio Trump durante su primer mandato.
Eso no garantiza, sin embargo, cuál será el resultado. La controversia plantea una cuestión constitucional que excede ampliamente el destino de un salón de baile: si el Presidente puede realizar unilateralmente una transformación estructural de enormes dimensiones sobre uno de los principales edificios públicos del país sin conseguir previamente autorización legislativa.
Trump sostiene que puede hacerlo. Dos instancias judiciales consideran que necesita al Congreso. Ahora será la Corte Suprema la que podría tener la última palabra sobre el salón de baile y, bastante más importante, sobre los límites del poder presidencial para transformar la denominada “casa del pueblo”.
