Luego de la aprobación de la megarreforma, el gobierno de José Antonio Kast inició una nueva fase de su estrategia de seguridad, centrada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada el pasado miércoles. La iniciativa ya provocó distintas reacciones entre los integrantes del Congreso.
Esta segunda etapa estará a cargo del ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), y contempla un amplio paquete legislativo. Actualmente, el Ejecutivo mantiene 19 proyectos de ley en trámite, mientras prepara otros nueve proyectos y una reforma constitucional enfocada en seguridad pública, que el gobierno espera despachar antes de Navidad.
Entre las propuestas destaca un proyecto que busca establecer, a nivel constitucional, un registro de bandas criminales, cuya elaboración quedaría en manos del Ejecutivo bajo control del Senado. La iniciativa, sin embargo, generó cuestionamientos entre los integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.
CONSECUENCIAS
El presidente de dicha instancia, el senador Karim Bianchi, planteó dudas respecto de las consecuencias que podría generar la incorporación de una organización a este registro.
“Si entrar a este registro puede significar, por ejemplo, incautación de bienes, afectación de derechos, incluso consecuencias penales, entonces estamos hablando no de una simple lista”, sostuvo.
Además, Bianchi cuestionó el papel que tendría el Senado en este mecanismo y señaló: “Tengo una duda de fondo, ¿corresponde que el Ejecutivo decida quién entra y que el Senado termina siendo de tribunal? A mi juicio, el Senado no está para reemplazar a los jueces. Quiero conocer el texto primero, porque debemos ser implacables contra el crimen organizado, pero también rigurosos en cómo vamos a construir estas herramientas”.
SENADORES CUESTIONAL ROL DEL EJECUTIVO Y DEL SENADO
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), integrante de la Comisión de Seguridad, llamó a actuar con “cuidado” para evitar que el mecanismo quede bajo un “control político y no judicial, que es lo que corresponde, que sean los tribunales los que digan cuáles son las bandas de crimen organizado”.
El parlamentario socialista también criticó el enfoque de la propuesta y afirmó: “Aquí se busca algún modo extremar posiciones y convertir una batalla que hoy día no se da en las calles en una batalla ideológica”.
A su juicio, los anuncios todavía presentan aspectos poco claros y requerirán una revisión detallada, especialmente porque la reforma necesita un quórum de 4/7 para su aprobación, lo que obligaría al Ejecutivo a alcanzar acuerdos con sectores de la oposición.
En tanto, el senador Pedro Araya (PPD) señaló que esperará conocer el proyecto completo antes de establecer una postura definitiva. Sin embargo, advirtió que varias de las medidas anunciadas ya forman parte de la legislación vigente o corresponden a iniciativas que otros gobiernos impulsaron anteriormente.
Aunque Araya manifestó que respaldarán aquellas propuestas que permitan “golpear al crimen organizado”, marcó distancia de “soluciones improvisadas o fórmulas que pasen por encima de la Constitución y de las atribuciones de los tribunales de justicia, porque eso termina siendo una mala solución, que al final de cuentas debilita al Estado”.
SENADOR OFICIALISTA DEFIENDE REGISTRO DE BANDAS CRIMINALES
En contraste con las críticas de sus pares, el senador Cristián Vial (Ind-Rep) respaldó la iniciativa del Ejecutivo y sostuvo que el registro tendría principalmente un propósito preventivo e investigativo.
“Yo creo que es útil para la calificación institucional previa de determinadas organizaciones, una labor preventiva utilizable en investigaciones y en procesos penales también”, afirmó.
Asimismo, Vial descartó que el mecanismo pueda sustituir las funciones de los tribunales de justicia o del Ministerio Público.
“Este registro, me imagino yo, no habilita la condena automática, porque la ley deberá definir órgano competente, el estándar, el procedimiento, los efectos, la vigencia y la impugnación. Pero yo creo que fundamentalmente es preventiva investigativa. Esa es la orientación que se le da a esta modificación”, explicó.
De esta manera, el Ejecutivo deberá enfrentar ahora la discusión legislativa de una agenda que busca endurecer las herramientas contra el crimen organizado, pero que ya genera diferencias entre los parlamentarios respecto del alcance y los controles que debería incorporar.
