Política

Senador Matías Walker propone penas duras sin restringir la salud

Cristian Navarro H.

Periodista

Matías Walker
Foto: Publicado en X por @matiaswalkerp
El senador de Demócratas pidió al Gobierno priorizar un proyecto presentado en 2024 que establece un cumplimiento diferenciado de condenas. La propuesta surgió como alternativa a la reforma constitucional que podría impedir el acceso a prestaciones estatales.

El senador Matías Walker (Demócratas) emplazó al Gobierno a combatir el crimen organizado mediante un sistema más estricto de cumplimiento de condenas, pero sin restringir el acceso de los sentenciados a prestaciones de salud y otros beneficios financiados por el Estado.

La propuesta abrió un nuevo frente en la discusión sobre la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo y surgió después del impasse entre el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y la ministra de Salud, May Chomali.

Walker pidió poner suma urgencia a una iniciativa que presentó en 2024 junto con los senadores Ximena Rincón y Luciano Cruz-Coke. El proyecto establece un régimen diferenciado para que los integrantes de organizaciones criminales cumplan sus penas bajo condiciones más rigurosas.

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“Basta con ponerle suma urgencia al proyecto que presentamos el 2024”, sostuvo el parlamentario, quien advirtió que enfrentar al crimen organizado no requiere eliminar constitucionalmente derechos sociales.

LA SALUD, EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA

El debate comenzó luego de que Arrau afirmara que Chomali desconocía el contenido de la reforma, cuyo texto todavía no se presenta públicamente. El ministro también sostuvo que la iniciativa no se relacionaba directamente con materias sanitarias.

Walker rechazó esa interpretación y difundió una captura atribuida al borrador del proyecto. El documento plantea que los condenados por determinados delitos quedarían inhabilitados para acceder a prestaciones estatales durante el cumplimiento de la pena y hasta 15 años después.

La disposición mencionaría los derechos vinculados con la protección de la salud, la educación, la libertad de trabajo y la seguridad social.

“Sí tiene que ver con la salud”, afirmó el senador, quien alertó que una redacción amplia podría afectar el acceso al GES, vacunas, consultorios, atención sanitaria en las cárceles, programas de capacitación y otros servicios públicos.

REPUBLICANOS DEFIENDEN UNA RESPUESTA MÁS SEVERA

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó la posición de Walker y sostuvo que el Estado debe utilizar todas sus capacidades contra quienes integran organizaciones criminales.

Squella afirmó que las políticas de rehabilitación deben concentrarse en menores de edad, infractores primerizos y personas condenadas por delitos de menor gravedad. También acusó al senador de mostrar una preocupación desproporcionada por quienes cometen secuestros, asesinatos y mutilaciones.

El diputado republicano Benjamín Moreno respaldó la inhabilitación para personas responsables de terrorismo, crimen organizado y otros delitos especialmente graves. A su juicio, esas sanciones pueden convivir con programas de reinserción dirigidos a otros condenados.

Agustín Romero, también diputado republicano, llamó a esperar el ingreso formal del proyecto antes de profundizar la controversia. El legislador aseguró que ninguna persona debería quedar privada de atención médica, especialmente frente a una urgencia.

 

DOS CAMINOS PARA ENFRENTAR AL CRIMEN ORGANIZADO

La disputa dejó instalada una diferencia que supera el enfrentamiento entre Walker y los parlamentarios republicanos. Mientras el Gobierno explora sanciones constitucionales que alcanzarían prestaciones financiadas por el Estado, el senador de Demócratas propone concentrar el endurecimiento en la forma de cumplir las penas.

Walker llamó al Ejecutivo a escuchar las observaciones de la ministra Chomali y revisar el borrador antes de presentarlo ante el Congreso.

La discusión anticipa una compleja tramitación legislativa. El Gobierno necesitará construir acuerdos para aprobar una reforma constitucional, pero ya enfrenta reparos sobre la amplitud de las inhabilidades, su impacto en derechos fundamentales y las posibilidades de reinserción después del cumplimiento de una condena.

 

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