Si bien el presidente José Antonio Kast llamo a conocer primero el texto de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) -que se presentaría hoy en el Congreso- y que ha recibido críticas incluso desde sectores del oficialismo tras la filtración de su contenido -más específicamente la UDI-, de todos modos comenzó a circular un nuevo borrador de la iniciativa legal.
Según publicó Radio ADN, el nuevo texto profundiza el componente constitucional de la iniciativa y contempla modificaciones que van más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado.
En lo que respecta a la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, sostiene que este podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Tndría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso.
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Durante su extensión las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública.
Asimismo, durante el nuevo estado de excepción, la Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales.
SE MANTIENEN LAS RESTERICCIONES
En el borrador de la reforma constituconal del ACOT se permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. También plantea que los condenados queden inhabilitados durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social.
En el nuevo borrador se mantiene que quienes ya reciban esos beneficios, los “perderán de pleno derecho”.
Del mismo modo, permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión que luego debería ser sometida al Senado.
El documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso.
