El exministro del Interior Gonzalo Blumel no está de acuerdo con el ministro de Segurdad Pública, Martín Arrau, cuando dice que si él estuviera preso, «preferiría estar en una de esas cárceles allá (en El Salvador) que en una que tenemos nosotros acá», a causa del estado de abandono en que se encuentran las de Chile.
Para quien fuera jefe del gabinete de Sebastián Piñera en su segundo mandato, “yo preferiría mil veces ser perseguido y juzgado por tribunales chilenos antes que por los tribunales de El Salvador, eso es indiscutible”.
El exsecretario de Estado se refirió en La Tercera a las reformas constitucionales en seguridad que estaría impulsando el Ejecutivo.
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Partió descartando que las reformas del gobierno se asimilen al modelo de El Salvador de Nayib Bukele, «porque cuando uno lee el mensaje y lee también el articulado que se propone, es muy claro en establecer ciertos principios que tienen que compatibilizarse: democracia, libertad, estado de derecho, seguridad».
Además, destacó que «en aquellas materias que son más relevantes, van a seguir siendo los tribunales y los órganos jurisdiccionales quienes establezcan las responsabilidades que puedan tener las personas, los individuos, en la comisión de ciertos delitos”.
Añadió que en El Salvador “es el poder político finalmente que encierra y encarcela sin control de una judicatura independiente. Entonces, me parece que esa línea no se ha cruzado y en eso, como corresponde, se preservan esos principios en las propuestas”.
En ese sentido, aclaró que “en Chile hay un Estado de Derecho y El Salvador es un régimen que ha sido criticado por todos los organismos internacionales de derechos humanos. Hay dudas serias y fundadas respecto a su ordenamiento jurídico, a la separación de los poderes y al Estado de Derecho”
LAS DUDAS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Un aspecto que Blumel admitió que le preocupa tiene que ver con las ocho modificaciones a la Carta Fundamental del plan de seguridad del gobierno.
Recordemos que estas incluyen la instauración de un nuevo estado de excepción constitucional e inhabilidades en derechos para condenados por terrorismo o crimen organizado, entre otros puntos.
Al respecto el exministro aseveró que “siempre hay que tener mucho cuidado con entregarle herramientas poderosas al Estado para afectar derechos fundamentales y garantías fundamentales, considerando que un buen gobierno las puede usar por buenas razones, y un mal gobierno las puede usar por malas razones”.
También reconoció su preocupación al nuevo estado de excepción mostró su preocupación por la extensión propuesta por el gobierno de hasta 240 días con prórroga y la interceptación de comunicaciones sin control jurisdiccional.
