La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, Jiles acusa “golpe blando” en reforma de Kast, y aseguró hoy en el programa Me Enteré por la Prensa, de T13 en Vivo, que la propuesta constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno plantea condiciones propias de una dictadura.
“Me parece que no está viendo lo que está pasando, quedó la escoba. O sea, ¿Cómo no se da cuenta de que quedaron absolutamente aislados?”, dijo la parlamentaria respecto del proyecto patrocinado por el Ejecutivo.
«La media embarradita»
La iniciativa contempla ocho modificaciones a la Constitución y ha encontrado reparos incluso en sectores que han respaldado al Gobierno en otras materias. Entre sus puntos más controvertidos figura la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría extenderse hasta por 120 días y permitiría restringir derechos fundamentales.
Durante este estado, el Mandatario podrá: suspender o restringir la libertad personal, el derecho de locomoción y el derecho de reunión; restringir el ejercicio del derecho de asociación; interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, además de disponer la requisición de bienes. También abre espacio para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas al orden público y establece reglas especiales para condenados por crimen organizado y terrorismo.
Y «si queda en malas manos»
Precisamente, una de las principales críticas apunta a la amplitud de las facultades que la reforma entregaría al Ejecutivo y a los contrapesos institucionales que podrían debilitarse durante su aplicación. Evelyn Matthei cuestionó que se pretenda enfrentar la delincuencia mediante cambios constitucionales y advirtió sobre el riesgo de entregar atribuciones tan amplias al Presidente durante un estado de excepción, preguntándose qué ocurriría si algún día quedaran “en malas manos”.
La exalcaldesa también rechazó utilizar militares en las poblaciones como respuesta a la delincuencia. A su juicio, esa fórmula ha fracasado en otros países y corre el riesgo de transformar la discusión sobre seguridad en un nuevo factor de polarización.
La derecha también pone reparos
Las objeciones no provienen únicamente de la oposición. Especialistas en derecho constitucional han cuestionado la necesidad de modificar la Carta Fundamental para establecer la seguridad pública como deber del Estado, porque la Constitución ya obliga al Estado a resguardar la seguridad nacional y proteger a la población. Otros cuestionamientos apuntan a las restricciones de derechos fundamentales contempladas por el nuevo estado de excepción.
El sociólogo Axel Callís resumió la estrategia del Ejecutivo señalando que el Gobierno estaría jugando con el “tejo pasado”: presentar inicialmente reformas que exceden los límites aceptables para desplazar después el margen de negociación en el Congreso. Callís advirtió que existen contenidos “completamente iliberales” en la propuesta y sostuvo que sus aliados fueron dimensionando progresivamente el alcance de las restricciones planteadas.
Ni los más fachos aceptan
“Esto es algo que ni siquiera los más fachos de los fachos está dispuesto a aceptar. Es un golpe blando. Eso es lo que hicieron con esa propuesta. Son las condiciones de una dictadura las que proponen”, agregó Jiles.
Según la parlamentaria, otra consecuencia del escenario político es que se estaría adelantando la carrera presidencial. “Los partidos políticos y el Gobierno en particular están bien asustados por la emergencia, por el auge que ha tenido Franco Parisi. Y creo que eso ha adelantado la carrera presidencial, partiendo por el propio Franco Parisi, que aunque diga que no, está hoy día en carrera”.
Jiles agregó que el escenario “tiene muy nerviosos a todos los partidos políticos” y que, a su juicio, esa situación explica que hayan comenzado anticipadamente a instalar sus candidaturas presidenciales.
