Los bot y granjas de bots que han actuado en Chile hacen legítimo preguntarse: ¿La democracia de los ciudadanos inexistentes?
Imagine que entra a una plaza donde diez mil personas gritan la misma consigna. Usted puede concluir razonablemente que está frente a una poderosa corriente de opinión. Ahora imagine que, al acercarse, descubre que solo diez son personas. Las otras 9.990 voces provienen de altavoces controlados por ellas. Imágenes sin sombra, inexistentes.
El mensaje no cambió. Tampoco necesariamente es verdadero o falso. Lo que cambió es algo mucho más importante: le mintieron respecto de cuántos ciudadanos estaban hablando.
Ese es, llevado a su expresión más simple, uno de los problemas que plantean las granjas de bots y las redes coordinadas de perfiles falsos. Y no es una incivilidad propia de las redes sociales. Es un problema para la democracia.
Un bot es, simplemente, un programa informático diseñado para realizar tareas automáticamente en internet. No es necesariamente algo malo: los usamos a diario para responder consultas, enviar avisos o ejecutar servicios. El problema comienza cuando se utiliza para simular que detrás de una cuenta existe una persona real y, coordinado con cientos o miles de otras cuentas, aparentar una conversación ciudadana que nunca ocurrió. Una “granja de bots” es la organización de esas cuentas a gran escala.
El secuestro del algoritmo
La democracia siempre ha convivido con la mentira política. También con la propaganda, la exageración, la descalificación y las campañas destinadas a provocar temor. No parece razonable pretender que una ley termine con ellas.
El problema cambia de naturaleza cuando estructuras organizadas utilizan automatización, perfiles falsos o redes coordinadas para simular una reacción ciudadana que en realidad no existe.
Una granja de bots no necesita convencer a nadie mediante mejores argumentos. Puede conseguir algo distinto: hacer parecer mayoritario aquello que no necesariamente lo es. Miles de cuentas repiten un concepto, amplifican una acusación, atacan simultáneamente a una persona o empujan un contenido hasta convertirlo en tendencia. Mientras el algoritmo interpreta interés, el ciudadano ve multitud. Y, entre ambos, aparece el engaño.
El caso que reabrió la discusión
La detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo volvió a instalar el problema en Chile. La Fiscalía boliviana informó que durante diligencias realizadas en propiedades relacionadas con Cerimedo encontró equipos que calificó como una “mini granja de bots”. Su aparición reactivó inmediatamente preguntas sobre las actividades que el consultor desarrolló durante años en distintos procesos políticos latinoamericanos.
El caso ya llegó al Congreso. El diputado Gonzalo Winter ofició a la Segegob para establecer si han existido vínculos entre la secretaría de Comunicaciones del Gobierno y cuentas anónimas que han afirmado difundir sus contenidos. También pidió antecedentes sobre eventuales relaciones profesionales, contractuales o societarias entre funcionarios de esas reparticiones y Cerimedo o sus empresas.
Winter precisó que no afirma que esos vínculos existan. Pide que se esclarezcan. La diferencia es fundamental: estamos frente a antecedentes que justifican preguntas, no ante respuestas que permitan establecer responsabilidades.
El impacto Matthei
Durante la última campaña presidencial, Evelyn Matthei denunció una operación sistemática de ataques en redes sociales. Videos manipulados, acusaciones políticas y finalmente falsedades respecto de su salud formaron parte de una ofensiva que, según relató, era amplificada reiteradamente por las mismas cuentas.
La exalcaldesa de Providencia responsabilizó políticamente a sectores republicanos y posteriormente reveló que José Antonio Kast le negó personalmente cualquier participación. Ella dice que no le creyó. La captura de Cerimedo reabrió el caso. Eso es lo que sabemos.
Lo que todavía no sabemos es quién administró determinadas cuentas, quién financió eventuales estructuras coordinadas y qué relaciones existieron —si existieron— entre ellas, Cerimedo y actores de la política chilena. Una fotografía, una relación profesional o la coincidencia temporal entre determinados acontecimientos pueden constituir antecedentes para investigar. No esconder son, por sí solos, pruebas suficientes para condenar.
Chile ya conoce sus efectos
Durante los últimos años Chile estuvo sometido a una narrativa especialmente intensa sobre delincuencia, migración, economía, inversión y deterioro institucional. “Chile se cae a pedazos” probablemente fue su expresión más eficaz. Nada hay de ilegítimo en sostener que un país marcha mal. Tampoco en construir una campaña electoral sobre ese diagnóstico.
Lo ilegítimo aparece cuando alguien utiliza estructuras encubiertas para multiplicar artificialmente ese mensaje, fabricar adhesión, instalar falsedades o simular que miles de ciudadanos independientes están diciendo espontáneamente lo mismo.
Porque entonces ya no estamos discutiendo el mensaje. Estamos falseando al mensajero.
Del miedo a la expectativa
Hay otro fenómeno que merece atención. A fines de 2025, las expectativas sobre el futuro del país se encontraban entre las más altas de los últimos años. Según Roberto Izikson, gerente general de Cadem, seis de cada diez personas esperaban que a Chile le fuera bien bajo el gobierno de José Antonio Kast.
Meses después, la misma encuestadora mostró una realidad radicalmente distinta. El 58% declaró mirar con pesimismo el futuro del país, el nivel más alto registrado desde que comenzó esa medición en 2015.
Sería irresponsable atribuir ese vuelco a los bots. Existen demasiadas variables políticas, económicas y sociales para establecer semejante causalidad. Pero la distancia entre ambas fotografías deja una enseñanza. Las percepciones pueden construirse, las expectativas pueden amplificarse y el miedo puede convertirse en instrumento electoral. Pero, tarde o temprano, todos terminan encontrándose con la realidad.
La autocensura es también un resultado
Existe además un efecto menos visible. Una operación digital no necesita conseguir que todos crean una falsedad para resultar exitosa. A veces basta con elevar el costo de contradecirla.
Cuando un dirigente político, académico, periodista o ciudadano sabe que una opinión puede significarle miles de mensajes, insultos y acusaciones simultáneas, aparece un poderoso incentivo para callar. La consecuencia es la autocensura.
No porque el Estado prohíba hablar, tampoco porque exista un censor sentado frente a un escritorio. El silencio puede conseguirse simplemente convirtiendo la discrepancia en un costo personal insoportable.
Algo semejante ocurre con las instituciones. Una democracia necesita ciudadanos capaces de desconfiar del poder y fiscalizarlo. Pero cuando la crítica legítima se mezcla deliberadamente con campañas artificiales de descrédito, falsedades repetidas industrialmente y multitudes inexistentes, termina siendo difícil distinguir una de otra.
La confianza institucional también puede ser víctima del algoritmo.
No necesitamos un Ministerio de la Verdad
Precisamente por eso debemos tener cuidado con la solución. Combatir las granjas de bots no puede significar entregar al Gobierno, al Congreso ni a ninguna autoridad administrativa la facultad de determinar qué afirmaciones políticas son verdaderas y cuáles falsas.
Una democracia debe tolerar opiniones equivocadas, exageraciones, afirmaciones absurdas e incluso muchas falsedades. Crear un árbitro estatal de la verdad política podría terminar siendo bastante más peligroso que aquello que pretendemos combatir. La regulación debe mirar otra cosa.
No se trata de escudriñar aquello que alguien dice, sino quién está realmente hablando y cómo lo hace. Ahí existe un campo que Chile debe comenzar a discutir seriamente: automatización política masiva no declarada, suplantación de identidad, financiamiento electoral encubierto, contratación de redes destinadas a simular participación ciudadana y utilización clandestina de estructuras extranjeras para intervenir en procesos electorales.
También corresponde discutir sanciones severas cuando se acredite que partidos, candidaturas o comandos contrataron o financiaron directamente esas operaciones. No por las opiniones que difundieron, sino por esconder quién estaba realmente detrás de ellas.
Una persona no puede ser diez mil
La democracia representativa descansa sobre una idea tan elemental que rara vez nos detenemos a pensar en ella. Detrás de cada opinión existe una persona. Puede estar informada o equivocada. Puede ser de izquierda, derecha o centro. Puede defender una idea admirable o una completa estupidez. Pero existe.
Las granjas de bots rompen esa premisa.
Con suficiente dinero y tecnología, una persona puede aparentar ser cien, mil o diez mil. Un pequeño grupo puede fabricar una multitud. Y esa multitud ficticia puede influir sobre ciudadanos verdaderos que desconocen que están observando una escenografía. Ahí está la amenaza.
El mayor peligro para las democracias americanas no reside solamente en que alguien pueda mentir en internet. Eso ha ocurrido siempre, utilizando las herramientas disponibles en cada época. El salto ocurre cuando podemos industrializar la mentira sobre algo anterior incluso al contenido del mensaje: la existencia misma de quien supuestamente lo pronuncia.
Regular estas prácticas no significa limitar la libertad de expresión. Significa impedir que alguien compre miles de ciudadanos inexistentes para hacer parecer mayoritaria su propia voz. La libertad protege el derecho de una persona a decir incluso barbaridades. Lo que ninguna democracia está obligada a proteger es el supuesto derecho de alguien a fabricar diez mil personas que nunca existieron.
Y para comenzar a defender esa frontera no necesitamos cambiar la Constitución. Necesitamos algo bastante más sencillo. Tomarnos en serio la democracia.
