A raíz de la apertura de cuadernos de remoción en contra de 58 jueces que habrían incurrido en faltas a la probidad al viajar al extranjero estando con licencia médica, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) presentó una denuncia de tutela laboral en contra de la Corte Suprema.
La acción fue interpuesta por los abogados Romina Urzúa, Claudio Fuentes y Ariel Rossel en representación del gremio encabezado por la jueza de garantía Mariela Hernández, quien ha cuestionado duramente el proceder del máximo tribunal en la materia.
Del total de los cuadernos de remoción abiertos contra jueces por este motivo, 30 son miembros de la ANMM, detalló La Tercera.
Lea también: Cadem: Cae respaldo a agenda de seguridad del presidente Kast
La organización expuso en su escrito que «el derecho a la honra y vida privada, el derecho a la no discriminación tiene por objeto el restablecimiento y reparación de cuatro derechos fundamentales conculcados en el marco de una relación laboral vigente: el derecho a la honra y vida privada, el derecho a la no discriminación y la garantía de indemnidad, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, y la garantía de indemnidad, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva”.
«VULNERA LA HONRA»
Añade que la apertura de cuadernos de remoción “vulnera la honra de los asociados por cuanto las conductas imputadas ya habían sido conocidas y resueltas en procedimientos disciplinarios ejecutoriados ante las respectivas cortes de apelaciones, de modo que su reapertura, más de un año después de fenecido el proceso y bajo una intensa exposición comunicacional que difundió un listado de ‘jueces con licencias médicas fraudulentas’, cuestiona injustificadamente la idoneidad profesional de funcionarios de larga trayectoria funcionaria, calificados invariablemente en lista sobresaliente o de mérito”.
Cuestiona, asimismo, que se difundieron antecedentes propios de la “esfera íntima” de los asociados y acusa discriminación porque se les ha sometido a un proceso que, a juicio de ellos, “no establece garantía procesal alguna”.
“La protección jurisdiccional solicitada resulta relevante y urgente porque la medida impugnada expone a los denunciantes a la más grave de las consecuencias posibles -la pérdida del cargo-, produce efectos actuales, permanentes y potencialmente irreversibles sobre su honra, su carrera funcionaria y su estabilidad laboral, y compromete, más allá de la esfera individual, la independencia e inamovilidad judicial y la seguridad jurídica de todo el escalafón primario”, precisan los representantes de la ANMM.
