Internacional

Reforma electoral de Ortega prohíbe candidaturas de opositores

Editado de agencias y medios internacionales por Cristian Navarro H.

Periodista

Ortega
Imagen referencial creada con herramientas digitales
La reforma impulsada por el sandinismo excluye de las elecciones a quienes el régimen califique como “golpistas” o “traidores a la patria”. Además, amplía de seis a siete años el mandato presidencial.

El Congreso de Nicaragua, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó por unanimidad una reforma constitucional que restringe la participación de opositores en las elecciones y fortalece el poder del gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La enmienda impide postular a cargos de elección popular y ejercer funciones públicas a quienes hayan participado en “actos golpistas”, incurrido en “traición a la patria” o solicitado una intervención militar extranjera. También excluye a quienes hayan pedido sanciones internacionales contra Nicaragua.

SANDINISMO APUNTA CONTRA OPOSITORES EXILIADOS

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que la normativa afectará a quienes, según el oficialismo, hayan realizado acciones contra la independencia, soberanía y autodeterminación del país. Sus declaraciones apuntaron especialmente a dirigentes opositores que permanecen en el exilio.

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Ortega y Murillo califican las protestas sociales de 2018 como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. La represión de aquellas movilizaciones dejó más de 300 personas fallecidas, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, y abrió una etapa de persecución contra organizaciones civiles, medios de comunicación y adversarios políticos.

MANDATO PRESIDENCIAL AUMENTARÁ A SIETE AÑOS

La reforma también amplía el periodo presidencial de seis a siete años. Ortega, de 80 años, regresó al poder en 2007 y desde 2025 cogobierna formalmente junto con su esposa, Rosario Murillo, de 75 años, quien ocupa el cargo de copresidenta.

Para entrar definitivamente en vigor, la modificación constitucional deberá ser ratificada durante la segunda legislatura, prevista para comienzos de 2027. La iniciativa profundiza el control del sandinismo sobre el sistema político y reduce aún más las posibilidades de participación electoral de la oposición nicaragüense.

 

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