La justicia boliviana rechazó una acción de libertad presentada por la defensa del consultor político argentino Fernando Cerimedo y dejó expedito su traslado a Chonchocoro, penal de máxima seguridad ubicado en La Paz.
El tribunal de garantía desestimó los argumentos de su defensa durante una audiencia virtual y mantuvo vigente la resolución judicial que dispuso su detención preventiva en ese recinto penitenciario. Cerimedo se encontraba recluido en Palmasola, Santa Cruz, y enfrenta un escenario judicial que se ha ampliado durante los últimos días.
Paralelamente, su nombre cruzó nuevamente la frontera: en Chile, la Fiscalía abrió una investigación penal y la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una comisión investigadora para esclarecer su eventual incidencia en procesos políticos y electorales en nuestro país.
Las causas que enfrenta en Bolivia
La situación judicial del estratega digital argentino comenzó con su detención en Bolivia a raíz de la investigación por el ataque contra su expareja, Nadia Beller. Cerimedo ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que es inocente.
A esa causa se agregó posteriormente otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en la cual un tribunal decretó también prisión preventiva por 180 días. Pero el cuadro volvió a ampliarse esta semana.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, informó que el Ministerio Público incorporó otros cuatro presuntos delitos a la investigación: legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado. Las imputaciones permanecen bajo investigación.
Reclamos por el traslado
Por su parte, el abogado de Cerimedo, Ernesto Tórrez cuestionó la existencia de dos órdenes de prisión en cárceles distintas. “Jurídicamente existen dos procesos”, pero “físicamente existe una sola persona” que “no se la puede partir” para que permanezca recluida en dos establecimientos al mismo tiempo, dijo a la salida de la audiencia.
“No hubo un criterio de racionalidad (…) del por qué quieren llevárselo a Chonchocoro, toda vez que la detención preventiva es para cumplir con fines investigativos y se necesita la presencia física de Cerimedo”, agregó.
Cerimedo ha negado las acusaciones y aseguró desde prisión que sus ingresos provienen de sus actividades empresariales. También ha rechazado tener influencia dentro del gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y ha sostenido que solamente le entregó consejos en calidad de amigo.
De Milei a las campañas digitales
Cerimedo es un consultor y estratega digital argentino que adquirió notoriedad por su participación en campañas políticas de la derecha latinoamericana.
Fue parte de la estrategia comunicacional que acompañó a Javier Milei en su llegada a la Presidencia argentina en 2023. También mantuvo vínculos políticos con Bolivia y ha sido relacionado con campañas y operaciones digitales en Brasil y otros seis países latinoamericanos.
Su nombre apareció además en una investigación brasileña relacionada con los acontecimientos posteriores a la derrota electoral de Jair Bolsonaro en 2022. Las autoridades de ese país lo situaron entre quienes difundieron información falsa destinada a cuestionar los resultados electorales.
En Chile tampoco era un desconocido
Numen, una empresa vinculada a Cerimedo, intervino en el debate público durante el proceso constitucional de 2020 mediante una encuesta que entregaba resultados considerablemente distintos de los restantes sondeos sobre la disposición ciudadana a reemplazar la Constitución.
Los antecedentes conocidos después de su detención en Bolivia provocaron ahora una reacción institucional en Chile. La Fiscalía abrió una investigación penal para determinar si las actividades desarrolladas por Cerimedo en el país pueden configurar delitos.
El fiscal regional Francisco Jacir dispuso que la causa quedara radicada en la Fiscalía Local Santiago Centro de Alta Complejidad, bajo la dirección de su fiscal jefa, Macarena Cañas.
La investigación deberá determinar precisamente aquello que hoy constituye una sospecha y no un hecho judicialmente establecido: si existió una intervención ilícita mediante bots, cuentas automatizadas u otras herramientas digitales en procesos electorales chilenos y quiénes eventualmente participaron o financiaron esas operaciones.
La Cámara también investiga
La arista penal corre paralela a otra de carácter político. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta semana, por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, la creación de una comisión investigadora destinada a revisar la actuación de organismos públicos frente al uso de bots, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica e inteligencia artificial en procesos electorales y plebiscitarios realizados desde 2020.
La discusión adquirió mayor dimensión después de que la expareja de Cerimedo asegurara que el argentino había trabajado con personas vinculadas al actual presidente José Antonio Kast, lo que este ha negado.
“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”, afirmó el mandatario, aunque reconoció conocer a Cerimedo y haber coincidido con él en actividades políticas. También existen solicitudes parlamentarias para esclarecer eventuales relaciones entre Cerimedo y funcionarios gubernamentales, además de requerimientos para revisar gastos electorales.
Investigaciones abiertas
El traslado de Cerimedo a una cárcel boliviana de máxima seguridad ocurre así mientras su situación dejó de ser exclusivamente un asunto judicial de ese país. Bolivia deberá determinar su eventual responsabilidad en los delitos que allí se investigan.
La Fiscalía chilena deberá establecer si las actividades que desarrolló en Chile revisten carácter delictivo. Y la Cámara deberá esclarecer una cuestión distinta: hasta dónde llegaron sus relaciones políticas y qué hicieron los organismos públicos frente al eventual empleo de herramientas digitales destinadas a intervenir en la conversación pública y los procesos electorales.
