La operación Cancerbero significó un gasto de $18.549.720 para la Presidencia de la República, monto destinado exclusivamente a transmitir el operativo realizado el 13 de agosto para trasladar a reos de alta peligrosidad hasta la cárcel de Talca.
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Desde el organismo precisaron que su participación se limitó a la transmisión, por lo que los $18,5 millones no corresponden al costo total de la operación Cancerbero.
Para desarrollar el servicio, Presidencia recurrió a una licitación pública vigente cuyos antecedentes se encuentran disponibles en Mercado Público, según informó BiobioChile.
La empresa a cargo de la producción
Los registros de contratación identifican a La Oreja Lab SpA como la empresa adjudicataria de los servicios de producción general de la Presidencia.
La firma obtuvo en junio de 2025 la licitación ID 776-11-LR25, destinada a proporcionar servicios de producción general durante 15 meses.
El 25 de junio de 2026, Presidencia modificó ese contrato y aumentó en un 30% las prestaciones, equivalentes a UF 7.800 IVA incluido.
Con esta modificación, el valor total del contrato pasó de UF 26.000 a UF 33.800. Presidencia justificó el incremento en la necesidad de mantener la continuidad del servicio mientras finalizaba un nuevo proceso de licitación.
Sin embargo, ese aumento contractual no corresponde al gasto específico informado por la transmisión de la operación Cancerbero.
El documento tampoco establece que las UF 7.800 adicionales se hayan utilizado para financiar el operativo penitenciario del 13 de agosto.
El costo total de la operación sigue pendiente
Presidencia señaló que no cuenta con los antecedentes necesarios para informar el costo global de la operación Cancerbero, debido a que no estuvo a cargo de todos los gastos asociados al procedimiento.
Por esta razón, derivó parte de la solicitud de transparencia a la Subsecretaría de Seguridad Pública, organismo que deberá entregar información sobre los recursos involucrados en el operativo.
La derivación se realizó mediante el oficio N.º 638, fechado el 3 de septiembre de 2026, conforme al artículo 13 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.
Gobierno había informado uso de equipos de Gendarmería
Desde el Ministerio de Justicia señalaron entonces que la cartera no realizó un gasto extraordinario por ese concepto y que se utilizaron cámaras y equipamiento institucional de Gendarmería.
Presidencia, en aquella oportunidad, optó por no referirse al costo de la transmisión.
Tras recibir los nuevos antecedentes, el organismo volvió a declinar entregar un pronunciamiento oficial sobre los detalles del despliegue audiovisual.






