El actual embajador chileno en Argentina: ¿Pecó de ignorancia supina al efectuar declaraciones que ponen en tela de juicio los derechos del país en el extremo austral, los mismos a los que está llamado a defender?
Los dichos de Gonzalo Uriarte sobre Malvinas y el Estrecho obligaron al propio Gobierno a marcar distancia. El episodio abre una pregunta mayor sobre experiencia, idoneidad y una prometida excelencia que acumula demasiadas excepciones.
El embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, decidió internarse esta semana en uno de los terrenos donde un representante diplomático debería medir hasta las comas: la soberanía territorial. Durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, Uriarte reafirmó el tradicional respaldo chileno a la posición argentina sobre las Islas Malvinas. Hasta allí, nada nuevo.
El problema vino después: “Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio”, afirmó. Luego agregó: “Esperamos lo mismo de los temas que para nosotros son de esencia, como es el Estrecho de Magallanes”.
Dos asuntos que no son equivalentes
La construcción es sorprendente viniendo del representante de Chile en Buenos Aires. Una cosa es que nuestro país mantenga una posición de Estado respecto de Malvinas y otra muy distinta es “hacer propia” una reivindicación territorial argentina.
Más grave todavía resulta establecer una suerte de reciprocidad entre Malvinas y el Estrecho de Magallanes. No existe allí nada que Argentina deba conceder a Chile a cambio de nuestro respaldo diplomático. La soberanía sobre el Estrecho está establecida y zanjada por tratados internacionales vigentes entre ambos Estados.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984, en su artículo 10, delimitó las respectivas soberanías en el término oriental del Estrecho de Magallanes y estableció expresamente que esa delimitación no alteraba lo dispuesto por el Tratado de Límites de 1881.
Tan impropia resultó la comparación que el propio Gobierno debió corregir a su embajador. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que ambos asuntos no están relacionados y recalcó que la situación del Estrecho está “absolutamente zanjada” y respaldada por tratados vigentes. Cancillería confirmó además que el ministro Francisco Pérez se comunicó personalmente con Uriarte.
Todo ello ocurre después de semanas particularmente sensibles en la relación bilateral, con declaraciones de autoridades argentinas sobre el extremo austral. Declaraciones que, hechas, debieron desmentirse o corregirse por las autoridades que las profirieron. Lo que no se ha derogado o enmendado es el Decreto 457 de ese país, que resulta inaceptable e incompatible con ambos tratados.
¿Ignorancia supina?
Sería quizás la explicación más sencilla y hasta la menos inquietante. Pero Uriarte es abogado, fue diputado y senador, y ejerce la representación de Chile precisamente ante Argentina. Por eso cabría esperar que conozca, a lo menos, la historia y los fundamentos jurídicos de aquellas materias cuya administración diplomática le ha sido confiada.
Si los desconoce, existe un problema evidente de idoneidad. Si los conoce, resulta todavía más difícil explicar por qué estableció públicamente una reciprocidad entre una reivindicación territorial argentina y una soberanía chilena que nuestro país considera jurídicamente zanjada.
En cualquiera de las dos hipótesis, el episodio deja una pregunta que excede una frase desafortunada: ¿Qué conocimientos mínimos debe exigir Chile a quien representa sus intereses en una de sus relaciones bilaterales más sensibles?
Diplomacia política no significa improvisación
Uriarte no es diplomático de carrera. Es abogado, exdiputado y exsenador de la UDI, con una extensa trayectoria política y profesional. Fue designado embajador por el presidente José Antonio Kast en abril pasado. Ese origen político no constituye por sí mismo un reproche.
Hay embajadas donde el componente político resulta particularmente relevante y Argentina ha sido tradicionalmente una de ellas. La profundidad de la relación bilateral puede incluso justificar que el Presidente designe a una persona de su máxima confianza y con capacidad de interlocución política.
Pero confianza no significa competencia automática. Un embajador político destinado a Buenos Aires debe conocer historia bilateral, tratados, derecho internacional y protocolo. Debe comprender, además, la sensibilidad que tienen para ambos países conceptos como frontera, soberanía, Antártica, Beagle o Magallanes.
La propia formación exigida a quienes ingresan profesionalmente al Servicio Exterior resulta ilustrativa. El concurso de admisión a la Academia Diplomática contempla, entre otras materias, relaciones internacionales, derecho internacional público, economía y comercio internacional, historia y geografía de Chile e historia universal.
No se trata entonces de sostener que todas las embajadas deban quedar reservadas a funcionarios de carrera. Se trata de algo bastante más elemental: cuando el Presidente opta por un embajador político, la confianza no puede reemplazar los conocimientos indispensables para ejercer el cargo.
Las credenciales deben ser pertinentes
La misma cuestión alcanza, aunque desde otra posición institucional, a la conducción de la política exterior. Un ministro de Relaciones Exteriores es una autoridad política y no necesita provenir de la carrera diplomática. Tampoco cabe desconocer la sólida trayectoria jurídica del canciller Francisco Pérez.
Pero ser un excelente abogado no convierte automáticamente a una persona en especialista en relaciones internacionales. El derecho internacional, la historia diplomática, la negociación entre Estados y el manejo de sus códigos constituyen áreas específicas de conocimiento y experiencia.
La cuestión no consiste, entonces, en exigir que las autoridades políticas sean diplomáticos profesionales. Consiste en reconocer algo bastante elemental. Tener buenas credenciales no significa necesariamente poseer las credenciales pertinentes para cada responsabilidad.
Precisamente por eso existe una Cancillería profesional y una carrera diplomática destinada a proporcionar continuidad, conocimiento especializado y memoria institucional a la política exterior chilena. La conducción política puede y debe fijar orientaciones. Pero cuando se trata de soberanía, fronteras y relaciones con países vecinos, improvisar conceptos puede tener consecuencias que exceden largamente una desafortunada elección de palabras.
Cuando los casos comienzan a acumularse
El episodio sería más sencillo de explicar si se tratara solamente de un embajador que escogió mal sus palabras. Desgraciadamente, cuesta seguir mirando cada caso por separado.
En apenas los primeros meses de Gobierno salieron decenas de autoridades. A fines de julio, un recuento registraba dos ministras, cinco subsecretarios y 29 seremis fuera de sus cargos, por razones diversas que incluyeron errores políticos, polémicas, investigaciones e incluso incumplimiento de requisitos para desempeñar determinadas funciones. Más tarde se sumarían aún más autoridades defenestradas.
Mara Sedini y Trinidad Steinert abandonaron sus ministerios después de apenas 69 días. Natalia Duco se convirtió posteriormente en la tercera ministra en salir del gabinete y, semanas después, regresó a La Moneda como asesora del Segundo Piso. Ninguno de esos casos es idéntico. Tampoco corresponde atribuirles una misma causa. Pero la reiteración obliga a mirar el cuadro completo.
De los “novatos” a los “expertos”
Existe además otro elemento que hace especialmente incómoda esa mirada. Durante años, la falta de experiencia de integrantes del Gobierno anterior fue convertida por sus adversarios en un reproche político recurrente. Los “novatos” pasaron a representar los costos de entregar responsabilidades públicas a personas que, según sus críticos, carecían de trayectoria suficiente.
Hoy el contraste resulta inevitable cuando esta administración enfrenta cuestionamientos por incorporar estudiantes y recién egresados bajo categorías administrativas de “expertos”. Un estudiante de Periodismo de 19 años fue contratado en Interior para labores comunicacionales con una remuneración de $1,9 millones. Tras hacerse público el caso, el propio subsecretario Pavez anunció que el monto sería ajustado.
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A ello se agregan contrataciones de profesionales recién titulados y el caso de un estudiante de cuarto año de Derecho que aparece en registros por labores para Presidencia bajo las denominaciones de “experto en gestión administrativa” y posteriormente “experto en producción general”. Existen al menos cinco casos que han abierto cuestionamientos sobre los criterios utilizados para calificar esas funciones.
Conviene hacer una precisión indispensable. Ser joven no constituye incapacidad alguna. Pero tampoco un título profesional garantiza competencia, menos en cuestiones de Estado. El problema es otro. Quien ayer convirtió la falta de experiencia en un reproche político no puede hoy rebautizar la inexperiencia como experticia.
Puede existir una explicación administrativa para utilizar la palabra “experto”. Pero políticamente la pregunta permanece intacta: ¿experto en qué y conforme a qué antecedentes?
La excelencia también debe acreditarse
José Antonio Kast llegó a La Moneda prometiendo un Gobierno preparado para hacerse cargo de las urgencias del país. Por eso cada nombramiento equivocado podría considerarse simplemente eso: un error. El problema comienza cuando los errores dejan de ser excepcionales.
Un embajador político que debe ser corregido por su propio Gobierno después de hablar sobre soberanía. Una conducción de la política exterior que requiere apoyarse especialmente en conocimientos que no necesariamente forman parte de la experiencia profesional de quien la encabeza; ministras que abandonan tempranamente sus cargos. Algunas no sabían que en Seguridad se requería un plan de gobierno. Otra que al parecer ignoraba que los bienes públicos son para uso publico y no privado. ; seremis que salen por incumplir requisitos o protagonizar distintas controversias; y jóvenes con escasa trayectoria contratados bajo la denominación de expertos no constituyen hechos idénticos.
Pero observados en conjunto comienzan, al menos, a dibujar una pregunta común. ¿Estamos ante errores individuales inevitables en cualquier administración o frente a un criterio de selección donde la confianza, la cercanía y la afinidad están pesando más que la experiencia y la idoneidad pertinentes para cada cargo?
La respuesta corresponde entregarla al Gobierno, pero también corregir el rumbo si los hechos siguen acumulándose. Porque la excelencia, al igual que la experticia, tiene una particularidad incómoda: no basta con proclamarla.
Hay que demostrarla.
