Política

MOP negocia baja del TAG y Congreso exige resultados

Cristian Navarro H.

Periodista

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Imagen referencial creada con herramientas digitales
Parlamentarios valoraron las negociaciones iniciadas por el MOP con las concesionarias, pero advirtieron que el anuncio debe traducirse en menores tarifas, transparencia y beneficios para usuarios de Santiago y regiones.

El anuncio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) sobre una eventual rebaja de las tarifas del TAG abrió un debate en el Congreso sobre los plazos, el alcance territorial y las condiciones que deberán cumplir los acuerdos con las concesionarias.

El ministro subrogante de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, informó que el Ejecutivo negocia con empresas concesionarias para contener los reajustes e incluso reducir los actuales cobros. Según adelantó, la primera compañía podría alcanzar un acuerdo antes de fin de año y posteriormente se sumarían otras tres.

Balmaceda explicó que algunos contratos, debido a sus mecanismos de reajuste y al paso del tiempo, comenzaron a reflejar valores demasiado elevados para las ciudades y sus habitantes.

RESPETO A LOS CONTRATOS VIGENTES

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó las conversaciones, aunque llamó a considerar la complejidad del sistema, compuesto por distintos contratos, empresas y condiciones.

La autoridad aseguró que el Gobierno respalda la iniciativa, pero recalcó que cualquier modificación deberá respetar los compromisos vigentes para resguardar la confianza en el modelo de concesiones.

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Desde el Congreso, las comisiones de Transportes y Obras Públicas recibieron favorablemente el anuncio, aunque coincidieron en que las negociaciones deben concluir con rebajas verificables y no limitarse a una declaración de intenciones.

La senadora Camila Flores (RN) pidió establecer plazos claros, informar las rutas involucradas y transparentar las condiciones acordadas con cada concesionaria. También solicitó que el beneficio llegue a las regiones y mencionó el elevado costo del peaje Troncal Quillota, en la Ruta 60-CH.

La presidenta de la Comisión de Obras Públicas del Senado, María José Gatica (RN), sostuvo que las carreteras no pueden convertirse en una barrera económica para quienes deben desplazarse diariamente por motivos laborales, educacionales o de salud.

TARIFAS VERSUS NUEVAS INVERSIONES

El presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, René Manuel García (RN), respaldó el diálogo entre el Ejecutivo y las empresas. Sin embargo, planteó que el acuerdo debe equilibrar el alivio económico para las familias con la continuidad de las inversiones viales.

Una preocupación similar manifestó el diputado Cristián Menchaca (independiente-Republicano), quien advirtió que una disminución de las tarifas no debería impedir la construcción de terceras pistas destinadas a reducir la congestión y enfrentar accidentes en las carreteras.

La diputada Natalia Romero (independiente-UDI) afirmó que las fórmulas de reajuste de algunas concesiones terminaron generando precios difíciles de pagar para quienes utilizan diariamente las autopistas. Por ello, solicitó una solución estructural y anticipó que la comisión seguirá de cerca las negociaciones.

USUARIOS FRECUENTES Y REGIONES

El diputado Jaime Mulet (FRVS) aseguró que el Gobierno “por fin” escuchó una demanda planteada durante años. De acuerdo con sus cálculos, en algunos tramos las tarifas se triplicaron desde 2006 y aumentaron muy por encima de los salarios y del Índice de Precios al Consumidor.

Mulet cuestionó, además, que numerosas personas no dispongan de rutas alternativas gratuitas y deban pagar tarifas más altas de TAG pese al aumento de la congestión.

Por su parte, Fabián Ossandón (PDG) propuso aplicar descuentos para usuarios frecuentes, tarifas diferenciadas, planes mensuales y topes de gasto. A su juicio, la clase media no puede continuar destinando una proporción creciente de sus ingresos al TAG para trasladarse hasta sus lugares de trabajo.

El diputado Pier Karlezi (PNL) solicitó revisar el destino de los recursos recaudados y las utilidades de las concesionarias. También recordó que las tarifas debían disminuir después de finalizar los primeros contratos, una promesa que, según afirmó, no se ha cumplido.

Así, el respaldo inicial del Congreso quedó sujeto a una condición compartida: que las conversaciones anunciadas por el MOP concluyan con rebajas efectivas del TAG, información pública y beneficios para los usuarios de todas las regiones, sin comprometer la mantención ni la ampliación de las carreteras.

 

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