Escudo de las Américas: soberanía a ciegas y ministros de adorno, puede parecer un título duro. Pero no lo es. La diplomacia contemporánea y la conducción de la política exterior exigen método, deliberación y, sobre todo, una línea coherente que resguarde los intereses permanentes de la nación.
Sin embargo, la sorpresiva adhesión de Chile al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, se ha convertido en el retrato de una política exterior marcada por la improvisación, la opacidad y un alineamiento que hasta ahora nadie ha explicado suficientemente.
Apenas días antes de adherir, el Presidente José Antonio Kast había señalado que Chile permanecería como observador. Luego vino el anuncio desde Estados Unidos: Chile entraba al Escudo de las Américas. ¿Qué ocurrió entre una decisión y otra? ¿Quiénes participaron en ella? ¿Qué obligaciones políticas, estratégicas o militares asumió Chile?
El ministro que espera explicaciones
Lo ocurrido adquiere ribetes difíciles de explicar cuando quien reconoce no disponer de todos los antecedentes no es un ministro ajeno a la materia, sino el propio titular de Defensa, Fernando Barros.
“Yo espero que el Presidente y el canciller vuelvan y puedan explicar en qué consiste esto”, reconoció públicamente. Y al momento de defender la decisión tuvo que introducir una prevención reveladora: habló “con la información que tengo”.
La escena resulta insólita. Chile adhiere a una iniciativa internacional de seguridad; el Presidente abre posteriormente la posibilidad de ejercicios militares extranjeros y el ministro políticamente responsable de la Defensa Nacional espera el regreso de Kast y del canciller Francisco Pérez Mackenna para conocer con mayor detalle en qué consiste aquello a lo que Chile acaba de adherir. La pregunta cae por su propio peso: ¿Participó el ministro de Defensa en la decisión?
De «es solo para información» a «ingreso de militares extranjeros»
El relato oficial tampoco ha sido coherente. Inicialmente, el Gobierno presentó la adhesión como un mecanismo de cooperación, intercambio de información e inteligencia destinado a combatir el crimen organizado transnacional. Kast aseguró que “acá no hablamos de operaciones militares”. El 22 de septiembre afirmó: “No hay que confundir los aspectos; acá no hablamos de operaciones militares en contra de crimen organizado o terrorismo, acá estamos hablando de coordinación, información y seguimiento del crimen organizado”.
El canciller fue incluso más categórico: sostuvo que el Escudo “no tiene nada que ver con el uso de fuerzas militares”.
Sin embargo, la declaración oficial dada a conocer por Estados Unidos abre la puerta a incursiones militares en base al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Ese instrumento contempla expresamente que “las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque”.
Poco después el propio Presidente Kast, cambiando el discurso, afirmó que Chile no perdería soberanía “con la llegada de posibles ejercicios militares” en territorio chileno.
No es un detalle semántico, en solo cuestión de días pasamos de intercambiar información e inteligencia policial a contemplar la eventual realización de ejercicios militares extranjeros en territorio nacional.
Entonces la pregunta ya no admite rodeos: ¿A qué adhirió Chile?
La soberanía no es elástica
Más preocupante resulta la respuesta presidencial frente a las dudas planteadas. Kast sostiene que eventuales ejercicios militares extranjeros no afectarían la soberanía nacional. Pero la soberanía no es un concepto elástico que pueda estirarse según la conveniencia del alineamiento internacional de turno.
Por supuesto que un ejercicio militar conjunto, debidamente autorizado y sometido al ordenamiento jurídico chileno, no equivale por sí mismo a renunciar a la soberanía. Chile los ha realizado antes y seguramente seguirá haciéndolos. El problema es otro: quién los decide, bajo qué condiciones, dentro de qué acuerdo y con qué conocimiento de las autoridades constitucionalmente responsables de la Defensa Nacional.
Porque si el ministro de Defensa espera que el Presidente regrese para explicarle “en qué consiste esto”, tenemos un problema que excede largamente una descoordinación comunicacional, de las cuales nos tienen acostumbrados.
¿Presión o convicción?
A ello se suma un antecedente particularmente incómodo. El excanciller Mariano Fernández reveló que el propio Pérez Mackenna había reconocido ante exministros de Relaciones Exteriores las presiones de Estados Unidos para que Chile ingresara a la iniciativa y la dificultad de mantenerse al margen.
La seguridad ciudadana, el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales constituyen amenazas reales y requieren cooperación internacional. Nadie sensato podría sostener lo contrario. Pero combatirlas no significa entregar un cheque en blanco ni convertir las relaciones exteriores de Chile en una sucesión de decisiones conocidas después de adoptadas.
La cooperación internacional fortalece la soberanía cuando un Estado decide libremente cómo, cuándo y hasta dónde coopera. La debilita cuando resulta imposible determinar públicamente qué se acordó, cuáles son sus alcances y por qué incluso autoridades directamente involucradas en la materia parecen conocerlos después.
La entrega de soberanía en recursos
Esta iniciativa impulsada por el gobierno Trump supuestamente enfocada en la seguridad y el combate al narcotráfico, incluye un fuerte apartado económico destinado a asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras en el hemisferio occidental.
Aunque esta materia da perfectamente por su importancia para otra columna, solo diremos aquí que los países firmantes se «comprometen a proteger las cadenas de suministro de minerales críticos (como el litio, el cobre, el cobalto y las tierras raras) a través de fuentes confiables y diversificadas. Además, El tratado promueve la exploración de «mecanismos de revisión de inversiones». Esto busca evitar que potencias extranjeras ajenas a la región (principalmente empresas estatales chinas) adquieran el control total de los yacimientos mineros tecnológicos del continente. China, nuestro principal socio comercial.
Se incluye asimismo la regulación para que los proveedores de telecomunicaciones y tecnologías conectadas a estos sectores sean considerados «socios de confianza». Claro, si son estadounidenses. Baste recordar la presión en materia del cable submarino chino que entregaba grandes beneficios al país y que fue objetada por Trump.
Como es sabido, China concentra más de un tercio del comercio exterior chileno y es el principal comprador de sus materias primas. Analistas advierten que esta alianza generará fuertes presiones políticas desde Estados Unidos para que Chile diversifique sus mercados de destino. Una eventual reducción involuntaria de las ventas a Beijing significaría caídas en los ingresos fiscales por regalías y un impacto negativo en el empleo minero nacional.
La Moneda no tiene dueño
Que el señor Kast se haya ido a vivir a La Moneda y la convirtiera en “su casa” no lo hace dueño de Chile, su historia y su futuro. La política exterior pertenece al Estado y sus decisiones comprometen mucho más que los cuatro años de quien circunstancialmente ejerce la Presidencia.
Por eso, antes de discutir si el Escudo de las Américas afecta o no nuestra soberanía, el Gobierno debe responder algo bastante más elemental: qué aceptó Chile, quiénes participaron en esa decisión y por qué el propio ministro de Defensa espera que el Presidente vuelva para explicarle en qué consiste. No estamos ante una metáfora ni una hipérbole.
O el Gobierno no conocía cabalmente los alcances de aquello a lo que Chile estaba adhiriendo, o quienes sí los conocían tomaron la decisión sin siquiera involucrar suficientemente a las autoridades llamadas a ejecutarla y responder políticamente por ella. Cualquiera de las dos alternativas es grave.
Porque la soberanía no se pierde solamente cuando cruza la frontera un soldado extranjero. También comienza a erosionarse cuando un país deja de saber con claridad quién decide por él, qué decide y bajo qué presión lo hace.
