La diputada Irací Hassler recurrió a la justicia para intentar dejar sin efecto los reproches formulados por Contraloría en su contra por la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella, cuando ejercía como alcaldesa de Santiago.
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Representada por el abogado Leonardo Cofré, la parlamentaria presentó una demanda de nulidad de derecho público ante el 7° Juzgado Civil de Santiago contra el Fisco y la Contraloría General de la República.
La acción busca invalidar la resolución exenta dictada el 14 de mayo pasado, mediante la cual el organismo contralor estableció responsabilidad administrativa de Hassler por su participación en la operación, aunque no le aplicó sanciones disciplinarias.
Hassler acusa vicios en resolución de Contraloría
Irací Hassler sostiene que la resolución contiene fundamentos y conclusiones que serían contrarios a la legislación y que presentarían graves vicios de ilegalidad, según La Tercera.
La exalcaldesa cuestiona además que Contraloría haya determinado responsabilidades a partir de hechos que también fueron abordados en sede penal.
Uno de los principales puntos de la resolución cuestionada corresponde al decreto alcaldicio que autorizó la compra de los inmuebles ubicados en Sierra Bella N°1.181 y Ventura Lavalle N°431 por $8.248 millones.
Contraloría sostuvo que Hassler infringió el principio de probidad administrativa al autorizar la operación, considerando que la parte vendedora había adquirido previamente los inmuebles por aproximadamente $2.231 millones.
El organismo también cuestionó que el decreto no hubiese contado con el control de legalidad y visado previo de la Dirección de Control del municipio.
La defensa apunta a las tasaciones
Frente a esos cuestionamientos, Irací Hassler argumenta que antes de avanzar con la operación se solicitaron tres tasaciones comerciales elaboradas por profesionales independientes.
A esos antecedentes se sumaron el avalúo fiscal y un estudio de títulos, elementos que, según la defensa, fueron considerados antes de autorizar la adquisición.
La parlamentaria sostiene que Contraloría habría transformado la diferencia entre el precio pagado anteriormente por los inmuebles y el monto que desembolsaría el municipio en una responsabilidad personal, sin acreditar el incumplimiento de un deber jurídico específico.
Otro de los argumentos de Irací Hassler apunta a que la compraventa finalmente no se concretó y que los recursos municipales no fueron transferidos.
Por ello, su defensa plantea que tampoco existiría un perjuicio patrimonial efectivo para el municipio que permita sustentar la responsabilidad administrativa establecida por el órgano contralor.
Defensa destaca medidas para detener la operación
La demanda también recoge las acciones adoptadas por Hassler después de que Contraloría ordenara abstenerse de realizar actuaciones destinadas a concretar la compra.
Según el escrito, la entonces alcaldesa impartió instrucciones a funcionarios, realizó gestiones ante el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y una notaría, además de emprender acciones judiciales relacionadas con la operación.
También habría instruido revocar los poderes entregados a abogados externos que participaban del proceso.
La defensa cuestiona, además, otros dos cargos establecidos en el sumario. A su juicio, no existiría una norma que obligara al municipio a seguir un procedimiento específico para concretar una compraventa de este tipo ni una prohibición para recurrir a un abogado externo.
Irací Hassler no solicita una indemnización económica en su demanda. Su pretensión se concentra en que el tribunal declare la nulidad de la resolución de Contraloría que estableció su responsabilidad administrativa por la fallida operación de Sierra Bella.
