En el marco de un acalorado debate por los recursos públicos, la Diputada Irací Hassler lanzó duras críticas hacia La Moneda por su actuar en la tramitación del erario fiscal para 2027. La parlamentaria cuestionó abiertamente que la administración central tomara la decisión de no insistir ante la Comisión Especial Mixta en las partidas presupuestarias que habían sido rechazadas de forma previa en las subcomisiones. De acuerdo con la legisladora, esta determinación sienta un precedente preocupante e insólito en la relación entre el poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
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Un portazo al diálogo institucional
El malestar político se acrecentó luego de que la parlamentaria utilizara sus redes sociales para alertar sobre las graves consecuencias de este diseño fiscal. A través de la plataforma X, la Diputada Hassler respaldó denuncias que apuntan a la pérdida de financiamiento para organismos estratégicos del país, destacando los casos del Servicio Electoral de Chile (Servel) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Según el análisis planteado por la legisladora comunista, la omisión del Ejecutivo en la reposición de estos ítems no solo debilita la institucionalidad, sino que clausura cualquier opción de entendimiento entre el oficialismo y la oposición durante la discusión presupuestaria.
«Una decisión que lo retrata de cuerpo entero: se cierra al diálogo, desoye las necesidades de las familias y se niega a corregir sus recortes», emplazó la congresista.
El impacto social detrás de las partidas recortadas
La controversia no solo gira en torno a las disputas de palacio, sino a las implicancias directas sobre la ciudadanía. En sus declaraciones, la Diputada Hassler recalcó que cada línea de gasto recortada afecta directamente a miles de beneficiarios de programas sociales que quedan a la deriva por la falta de recursos.
Finalmente, la Diputada Hassler hizo un llamado urgente a enmendar el rumbo antes de que concluya el proceso legislativo, advirtiendo que los programas públicos no son meras cifras, sino garantías fundamentales para el bienestar de la población que no pueden quedar desatendidas por el fisco.
