La Corte Penal Internacional (CPI) llamó a sus Estados miembros a garantizar su funcionamiento tras las nuevas sanciones anunciadas por la administración de Donald Trump. El organismo calificó la decisión como un intento de obstaculizar la justicia y un ataque al Estado de derecho.
Washington anunció las medidas este viernes 9 de octubre, horas después de que Navi Pillay, exjueza del tribunal, recibiera el Premio Nobel de la Paz.
La CPI sostuvo que las restricciones buscan impedir el cumplimiento de su mandato y advirtió que sus consecuencias trascienden a la institución. Por ello, pidió a los países que la crearon asumir un papel activo en la defensa del sistema de justicia internacional.
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Su presidenta, Tomoko Akane, aseguró que la Corte continuará trabajando con independencia e imparcialidad, sobre la base de la ley y las pruebas, para responder a las víctimas de crímenes graves.
WASHINGTON BUSCA LIMITAR LA OPERACIÓN DEL TRIBUNAL
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que su país prohibirá las transacciones con la CPI para cortar sus recursos y reducir su capacidad operativa. También afirmó que Trump no permitirá que el organismo procese a ciudadanos estadounidenses.
Las medidas amplían la presión que Washington ya ejercía sobre jueces y fiscales. Ahora podrían afectar a empresas que prestan servicios al tribunal, incluidas entidades financieras, aseguradoras y proveedores tecnológicos.
El Gobierno estadounidense ha cuestionado las órdenes de arresto contra autoridades israelíes, entre ellas el primer ministro Benjamin Netanyahu, y la investigación sobre actuaciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que fue cerrada.
Netanyahu agradeció las sanciones y acusó a la CPI de actuar como un organismo político que amenaza la soberanía nacional.
ALIADOS DE ESTADOS UNIDOS RESPALDAN A LA CPI
Los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido emitieron una declaración conjunta en apoyo al tribunal. Advirtieron que las restricciones tendrán consecuencias significativas para su trabajo, su personal y sus familias.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también rechazó las medidas por afectar la labor destinada a exigir responsabilidades por graves violaciones de derechos humanos.
La Comisión Europea manifestó su disposición a adoptar acciones para asegurar la continuidad de la CPI. Bélgica, en tanto, solicitó activar el estatuto de bloqueo de la Unión Europea, una herramienta que puede limitar los efectos de determinadas sanciones extranjeras en territorio comunitario.
Pese al enfrentamiento, la UE y Países Bajos señalaron que existe espacio para negociar durante los seis meses previos a la aplicación de las restricciones. Rubio también expresó confianza en alcanzar una solución diplomática.
Today, the Trump Administration is sanctioning the ICC.
This action should encourage our Allies within the Court to work for solutions to end this threat to U.S. sovereignty forever. https://t.co/D86dCqLUaZ
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026
