La exministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó su rechazo al uso de indultos presidenciales para resolver situaciones humanitarias de personas privadas de libertad y planteó que esas decisiones deben quedar en manos de los tribunales. En entrevista con Me enteré por la prensa, también cuestionó la orientación del Gobierno en seguridad, advirtió sobre los riesgos de reducir recursos para enfrentar emergencias y rechazó medidas económicas que, a su juicio, comprometen el bienestar futuro de las familias.
“Soy partidaria de que las personas que cumplen pena vayan a morir a su casa, pero no a través de indultos”, afirmó al precisar su posición sobre los beneficios para reclusos en condición terminal.
TRATO HUMANITARIO BAJO EVALUACIÓN JUDICIAL
Tohá sostuvo que permitir a una persona pasar sus últimas horas junto a su familia debe constituir un estándar humanitario aplicable cualquiera sea el delito cometido, incluidos los crímenes contra los derechos humanos.
Subrayó que estos últimos tienen una gravedad especial por ser cometidos desde el Estado y defendió que sean imprescriptibles e inamnistiables. Sin embargo, señaló que esa consideración no debería impedir un trato humanitario al final de la vida.
La exministra argumentó que la vía judicial permite revisar una medida si los antecedentes médicos que la justificaron resultan incorrectos, manteniendo vigente la condena. En contraste, sostuvo que un indulto no ofrece esa posibilidad de reversión.
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Como ejemplo, recordó el caso de un condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez que, según señaló, recibió un indulto por una supuesta condición terminal y vivió otros diez años.
También advirtió que recurrir a decisiones presidenciales puede favorecer a quienes cuentan con respaldo político o visibilidad pública, mientras la mayoría de los internos carece de esas redes. Por eso, propuso un mecanismo accesible en igualdad de condiciones.
Consultada por Juan Aliste Vega, indicó que había solicitado una medida judicial que fue rechazada, aunque aclaró que desconocía los fundamentos de esa resolución.
“Yo en general creo que el indulto presidencial es una institución que debiéramos ir dejando atrás”, expresó.
RECHAZO A INDULTOS PARA UNIFORMADOS DEL ESTALLIDO
Respecto de la promesa del presidente José Antonio Kast de indultar a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social, Tohá manifestó que espera que no se concrete.
A su juicio, esa propuesta se sostiene en la idea equivocada de que los condenados fueron víctimas de decisiones judiciales injustas. Defendió que los procesos contaron con defensa, pruebas y garantías, y sostuvo que la autoridad política no debe intervenir para corregir sentencias bajo ese argumento.
Advirtió, además, que mezclar consideraciones humanitarias con reivindicaciones políticas dificulta el debate y puede contribuir a minimizar la gravedad de las violaciones de derechos humanos.
Sobre la disposición de ese ámbito a discutir beneficios por salud, señaló que existe sensibilidad frente al sufrimiento de los reclusos, pero también preocupación por que se utilicen estas medidas para liberar a personas que no están en condición terminal.
EL EFECTO DE LOS INDULTOS DE BORIC Y EL DIÁLOGO EN SEGURIDAD
Tohá reconoció que los indultos concedidos durante el gobierno de Gabriel Boric complicaron la relación con la entonces oposición y frustraron un acuerdo de seguridad que estaba próximo a cerrarse.
Relató que posteriormente fue posible reconstruir entendimientos con representantes del Congreso, entre ellos quienes presidían ambas cámaras, y levantar una agenda que recogiera propuestas de distintos sectores políticos, alcaldes, gobernadores y especialistas.
Sobre el actual Ejecutivo, sostuvo que eventuales indultos podrían tensionar aún más una relación que describió como poco fluida. Sin embargo, afirmó que las dificultades para construir acuerdos existen desde antes de esa discusión.
Como ejemplo, cuestionó que, según su descripción, el actual comité de expertos en seguridad no incluya personas vinculadas a la oposición. También echó de menos mesas políticas para recoger propuestas y elaborar una agenda compartida.
UNA POLÍTICA DE ESTADO O UNA AGENDA “IDENTITARIA”
Al evaluar la gestión de seguridad y al ministro Arrau, la exministra sostuvo que el Gobierno oscila entre dos orientaciones: continuar una política de Estado basada en evidencia y acuerdos, o impulsar una agenda “identitaria” destinada a marcar diferencias con la administración anterior.
Cuestionó que esta segunda orientación derive en iniciativas con escaso sustento técnico. En ese marco, mencionó la reforma constitucional de seguridad, la forma en que el Ejecutivo decidió salir de esa propuesta y el despacho del proyecto de reglas de uso de la fuerza.
Identificó este último asunto como su principal preocupación en materia de seguridad.
CRÍTICAS A LAS REGLAS DE USO DE LA FUERZA
Tohá profundizó en los cuestionamientos que formuló junto al exministro Luis Cordero sobre la eliminación del principio de proporcionalidad del proyecto de reglas de uso de la fuerza.
Explicó que proporcionalidad no significa que policías y delincuentes deban utilizar medios equivalentes. Según sostuvo, el Estado debe asegurar la superioridad de sus fuerzas, pero la respuesta debe guardar relación con la amenaza enfrentada.
Para ilustrarlo, señaló que la resistencia a una fiscalización de comercio ambulante no puede justificar por sí sola un disparo.
También cuestionó la redacción sobre armas potencialmente letales. Según su interpretación, el texto abre espacios para utilizarlas cuando fallan medios previos en determinados procedimientos, situaciones de protección de infraestructura crítica o fugas, sin establecer con suficiente claridad la exigencia de una amenaza contra la vida o integridad de las personas.
Durante la conversación aludió a un episodio de actuación de agentes migratorios en Minneapolis y planteó el ejemplo de una familia que se resiste a un embargo, para advertir sobre los riesgos de asociar la desobediencia o la huida con una habilitación para disparar.
Frente al crimen organizado, sostuvo que la proporcionalidad permite una respuesta más intensa cuando existe una amenaza mayor. Su objeción, explicó, apunta a que la ley entregue orientaciones claras para distinguir esas situaciones.
A su juicio, la redacción despachada introduce más confusión que las normas administrativas existentes.
EMERGENCIAS, COMUNICACIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Sobre las lluvias, inundaciones y el aluvión que motivaron preguntas durante la entrevista, Tohá llamó a concentrarse en el manejo de la emergencia antes de cerrar una evaluación sobre la actuación de las autoridades.
No obstante, reconoció problemas para mantener en la población una percepción adecuada de riesgo, atención y coordinación. Planteó que esas dificultades deben examinarse con antecedentes y sin conclusiones apresuradas.
Fue más crítica respecto de lo que considera una minimización del cambio climático y de los asuntos ambientales por parte de las actuales autoridades. Vinculó esa preocupación con las reducciones presupuestarias para Senapred.
Advirtió que esa orientación resulta peligrosa frente a fenómenos extremos que exigen fortalecer de manera sostenida las capacidades de prevención y respuesta.
RADARES METEOROLÓGICOS, CONAF Y APOYO A MUNICIPIOS
Consultada por qué el gobierno anterior no adquirió los radares meteorológicos necesarios, Tohá respondió que existían múltiples necesidades y que fue preciso priorizar.
Señaló que durante esa administración se reforzaron los recursos de Conaf para equipamiento, personal y contratación de aeronaves contra incendios. También destacó el financiamiento destinado a Senapred para desarrollar planes de riesgo y apoyar a municipios sin recursos suficientes para elaborarlos.
Argumentó que ese fortalecimiento debe continuar de forma gradual y cuestionó que ahora, según sostuvo, se estén reduciendo recursos incorporados en años anteriores.
Ante los reclamos del alcalde de Ñuñoa por dificultades para conseguir una motobomba, explicó que existen mecanismos excepcionales para agilizar compras y contrataciones durante emergencias. Aclaró que desconocía los detalles de ese caso, pero planteó que esas herramientas deberían activarse cuando corresponde.
Asimismo, llamó a las autoridades a coordinarse y evitar acusaciones mutuas. Recordó que Senapred articula la actuación de los distintos organismos del Estado y enfatizó la necesidad de anticiparse, informar a la ciudadanía y adoptar medidas preventivas, especialmente en las cuencas.
RECHAZO A NUEVOS RETIROS PREVISIONALES
En el plano económico, Tohá rechazó la propuesta del Partido de la Gente de impulsar un nuevo retiro de ahorros previsionales para enfrentar deudas y necesidades de las familias.
Manifestó que espera que la oposición no respalde esa iniciativa y advirtió que sus consecuencias se prolongarían durante años, especialmente por la disminución de los recursos disponibles para la vejez.
Defendió una respuesta basada en mayor previsión, planificación y solidaridad, evitando utilizar hoy los fondos que las personas necesitarán en el futuro.
También expresó su expectativa de que el Gobierno y sus parlamentarios rechacen nuevos retiros.
CUESTIONAMIENTOS AL ALIVIO INMEDIATO EN EL TAG
La exministra extendió esa crítica a las medidas sobre el TAG que, según explicó, entregarían una rebaja acotada en el presente a cambio de postergar nuevas licitaciones de autopistas.
Sostuvo que esos procesos pueden producir disminuciones más significativas de las tarifas y señaló que, en algunos casos, las rebajas han llegado hasta la mitad.
Por ello, cuestionó que se retrase esa posibilidad para ofrecer un alivio inmediato menor, comprometiendo beneficios futuros para los usuarios.
DESEMPLEO, APROBACIÓN Y CONDICIONES LABORALES
Consultada por la baja aprobación del Ejecutivo y cómo enfrentar ese escenario, Tohá sostuvo que las dificultades políticas no deben conducir a medidas que debiliten las pensiones o trasladen costos hacia el futuro.
Recordó que el gobierno de Boric también atravesó momentos complejos de evaluación ciudadana y destacó que mantuvo su rechazo a nuevos retiros previsionales.
Para recuperar la confianza, llamó a actuar con seriedad, sinceridad, trabajo y capacidad de acuerdo. También defendió que los esfuerzos para enfrentar la situación económica se distribuyan de manera solidaria.
En materia de empleo, cuestionó que algunas propuestas se concentren en reducir los “costos laborales”, porque detrás de ese concepto están los sueldos, las jornadas y las condiciones de vida de los trabajadores.
Si bien reconoció que estos pueden contribuir a un esfuerzo compartido, rechazó que sean quienes deban asumir todo el ajuste mediante peores condiciones laborales, menores ahorros previsionales o la postergación de beneficios económicos.
A su juicio, enfrentar las dificultades de esa forma profundiza la desigualdad y deteriora aún más la confianza ciudadana.
Todas las personas en prisión que están en fase terminal debieran pasar sus últimas horas en su casa y no morir en la cárcel, sea cual sea el delito cometido. Creo que esa es la regla humanitaria que debiéramos darnos. Para ello no se requieren indultos presidenciales ni rebajas de penas sino la aplicación eficiente de las normas vigentes. Eso es lo que dije.
Muchos delincuentes comunes mueren en las cárceles, y no tienen ningún sector político preocupado de poner su caso arriba de la mesa ni posibilidad de ser considerados para un indulto presidencial, y la actitud humanitaria debe ser con todos ellos también.
— Carolina Tohá (@Carolina_Toha) October 14, 2026
