La controversia por la futura ruta marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas sumó un nuevo episodio. Argentina amplía presión diplomática sobre Chile y diputados trasandinos solicitaron citar a nuestro embajador en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, mientras otra iniciativa parlamentaria propone terminar dos acuerdos bilaterales de inversión y tributación.
Las acciones amplían el alcance político de una disputa que comenzó con el proyecto de reactivar una conexión comercial desde Magallanes. Ahora, sus consecuencias potenciales alcanzan las relaciones diplomáticas y los intereses económicos de ambos países.
La situación también devuelve la atención a la declaración conjunta suscrita por los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei el 3 de septiembre. En ella, Argentina expresó que valoraría los esfuerzos chilenos para impedir determinadas actividades logísticas vinculadas con la explotación de recursos en la zona disputada.
El embajador chileno bajo escrutinio
La solicitud fue presentada el 14 de octubre por el excanciller argentino Santiago Cafiero y otros diputados peronistas, mediante el proyecto de resolución 5533-D-2026. Los parlamentarios proponen invitar a Uriarte a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina para conocer la posición oficial de Chile sobre la futura ruta marítima.
Entre los firmantes figuran Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Juan Carlos Molina y Andrea Freites. La iniciativa busca establecer si la conexión podría utilizarse para abastecer actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en aguas cuya soberanía disputan Argentina y Reino Unido.
También solicita aclarar qué participación tuvieron las autoridades chilenas en la autorización de las operaciones. Por ahora, se trata de una propuesta parlamentaria y no de una citación aprobada. Su presentación, sin embargo, incorpora formalmente la controversia a la agenda legislativa argentina.
Proponen afectar inversiones chilenas
Una segunda iniciativa, impulsada por el diputado peronista Guillermo Michel, plantea que Argentina denuncie el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el convenio bilateral para evitar la doble imposición.
El primero establece mecanismos de protección para las inversiones de ambos países. El segundo regula materias tributarias para evitar que determinadas rentas queden sujetas a doble tributación. La denuncia de esos instrumentos, si llegara a concretarse conforme a sus disposiciones, podría modificar las condiciones jurídicas y tributarias aplicables a empresas e inversionistas.
Michel justificó su propuesta señalando que la reactivación de la ruta comercial representa, a su juicio, una falta de solidaridad con la posición argentina sobre las Malvinas. La iniciativa introduce una posible consecuencia económica en una controversia que hasta ahora se había concentrado principalmente en la navegación y la soberanía.
El compromiso que firmaron Kast y Milei
El antecedente central se encuentra en la declaración conjunta emitida tras el encuentro presidencial del 3 de septiembre. El documento ratificó el respaldo chileno a la reivindicación argentina sobre las Malvinas y a la búsqueda de una solución negociada con Reino Unido. También incluyó una referencia específica a las actividades logísticas relacionadas con la explotación de recursos naturales.
Según el comunicado oficial argentino, Milei expresó que se valorarían los esfuerzos del Gobierno chileno para evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, relacionadas con hidrocarburos y recursos pesqueros.
La redacción es relevante porque introduce una materia concreta en una declaración bilateral: la eventual participación logística de operadores vinculados con Chile en actividades que Argentina considera contrarias a sus derechos soberanos. Precisamente esa diferencia se ha convertido en el centro de la controversia.
Una ruta comercial bajo sospecha
La empresa chilena Easter Island Naviera proyecta inaugurar en noviembre un servicio marítimo regular entre Punta Arenas y las Malvinas mediante el buque Danstar. La conexión permitiría transportar alimentos, bebidas, materiales de construcción, repuestos y otros productos. Actualmente, buena parte del abastecimiento comercial del archipiélago desde Sudamérica se realiza a través de Montevideo.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, ha defendido el proyecto por sus oportunidades para el comercio regional y ha estimado un potencial de operaciones cercano a US$20 millones anuales. Sin embargo, en Argentina surgieron cuestionamientos ante la posibilidad de que el servicio también abastezca al proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en aguas próximas al archipiélago.
Esa vinculación constituye una preocupación planteada por autoridades y legisladores argentinos. No equivale, por sí misma, a demostrar que el buque transportará insumos destinados a la explotación de hidrocarburos. La diferencia importa porque de ella depende buena parte de la discusión sobre el alcance de los compromisos políticos asumidos por Chile.
Las advertencias alcanzan al oficialismo chileno
El conflicto también ha provocado reacciones dentro de la propia derecha gobernante. Los diputados republicanos Alejandro Riquelme, representante de Magallanes, y Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa, defendieron la legitimidad de la conexión comercial y solicitaron a la Cancillería respaldar la iniciativa.
Riquelme sostuvo que el progreso de Magallanes y el libre comercio chileno no pueden quedar subordinados a las diferencias territoriales entre Argentina y Reino Unido. Sus declaraciones muestran una tensión política concreta: mientras Kast suscribió una declaración que Argentina invoca para exigir cautela frente a determinadas operaciones logísticas, parlamentarios de su propio sector defienden el derecho de los empresarios magallánicos a comerciar con las islas.
En paralelo, el canciller argentino Pablo Quirno ha insistido en que Chile debe cumplir los acuerdos vigentes, aunque también ha descartado una respuesta militar contra el buque comercial.
Una consecuencia advertida
La controversia no surgió de manera imprevista. Está Pasando ya había advertido, en su artículo «¿Sabía Kast lo que estaba negociando con Argentina?«, sobre las consecuencias que podía generar la declaración suscrita por los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei.
El problema identificado entonces era el alcance de los compromisos asumidos por Chile respecto de las actividades logísticas relacionadas con la explotación de recursos naturales en la zona disputada. Su interpretación podía entrar en conflicto con operaciones comerciales legítimas desarrolladas desde territorio chileno.
Los acontecimientos posteriores han dado contenido concreto a aquella advertencia. Argentina ha invocado los acuerdos presidenciales para exigir explicaciones sobre la conexión con Malvinas. También solicitó judicialmente el decomiso de una aeronave utilizada en vuelos desde Punta Arenas, mientras diputados argentinos impulsan una citación al embajador chileno y medidas que podrían afectar los acuerdos económicos bilaterales.
Estos hechos demuestran que la declaración presidencial debe ser revisada respecto de la responsabilidad de cada actuación argentina. Lo concreto es que los hechos muestran que el compromiso suscrito se ha convertido en un argumento político dentro de una controversia cuyas consecuencias se extienden más allá de la explotación de hidrocarburos.
La cuestión que permanece sin respuesta es si el Presidente y la Cancillería evaluaron suficientemente esos riesgos antes de incorporar la cláusula a la declaración bilateral.
