La comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca endurecer sanciones por atentados contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.
Lea También: Director del INDH: Propuesta de reforma “es evidentemente ideológica”
La iniciativa ingresó a la Cámara Alta en su segundo trámite constitucional, después de recibir el respaldo de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde obtuvo 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones.
El proyecto surgió de una propuesta impulsada por parlamentarios de Renovación Nacional junto a otros exlegisladores, con el objetivo de reforzar las consecuencias penales frente a agresiones contra funcionarios encargados de la seguridad pública.
Proyecto aumenta penas por ataques a funcionarios
La propuesta incorpora una figura agravada del delito de atentado contra la autoridad y establece penas privativas de libertad más altas cuando la víctima sea un funcionario policial.
Además, contempla criterios para determinar las sanciones según si los responsables actúan individualmente o como parte de un grupo. Cuando el ataque se cometa contra integrantes de Carabineros, la PDI o Gendarmería, el proyecto establece que se aplique exclusivamente una pena de cárcel.
Con estas disposiciones, la iniciativa busca endurecer sanciones frente a conductas que atenten contra quienes ejercen funciones policiales o de custodia.
Ofensas graves también podrían terminar en prisión
El texto también establece castigos para quienes insulten u ofendan gravemente a funcionarios policiales. En esos casos, contempla una pena de prisión en su grado máximo, de hasta 60 días, junto con una multa de entre una y cuatro UTM, equivalente a un máximo de $286.884 según los valores indicados en los antecedentes de la iniciativa.
La misma sanción se aplicaría a quienes ofendan gravemente a funcionarios de Gendarmería mientras desempeñan sus funciones, incluso si el responsable desconoce su calidad de funcionario.
El avance de la propuesta en la comisión constituye un paso dentro de su tramitación legislativa. El proyecto busca endurecer sanciones tanto para los atentados contra funcionarios como para las ofensas graves cometidas en el ejercicio de sus labores.
