La disputa por la explotación petrolera en aguas próximas a las islas Malvinas llegará en noviembre al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo. Argentina y Reino Unido expondrán sus posiciones sobre la solicitud de Buenos Aires para detener el avance del proyecto Sea Lion.
Las audiencias públicas se celebrarán los días 10 y 11 de noviembre, según informó el tribunal en un comunicado citado por DW. La convocatoria abordará las medidas provisionales pedidas por el Gobierno argentino respecto de la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Suroccidental.
Argentina presentó su solicitud el 13 de octubre, en el marco de la controversia con Reino Unido por estas actividades. El tribunal mantiene abierto el procedimiento sobre medidas provisionales.
BUENOS AIRES PIDE DETENER LA EXPLOTACIÓN
El Gobierno de Javier Milei busca que Londres impida el inicio o la continuación de la explotación petrolera en las áreas marítimas en disputa. También solicita que Reino Unido se abstenga de utilizar información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos que reclama Argentina.
Lea también Ébola llega a Nigeria y Kenia confirma nueve contagios
La presentación incluye una petición para que Londres deje de obstaculizar las acciones con las que Buenos Aires pretende proteger y preservar el medio marino de esas zonas.
Asimismo, Argentina pidió evitar decisiones que puedan agravar el conflicto, entre ellas la entrega de nuevos permisos para explotar recursos de la plataforma continental disputada.
SEA LION CONCENTRA LA CONTROVERSIA
El reclamo apunta al proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros al norte del archipiélago. La iniciativa contempla comenzar la extracción de crudo en 2028.
Navitas opera el proyecto y posee una participación del 65 %, mientras que la británica Rockhopper controla el 35 % restante.
Argentina considera ilegales las autorizaciones concedidas a las compañías por el gobierno de las islas y ya ha emprendido acciones contra las petroleras involucradas. El archipiélago permanece bajo administración británica, mientras Buenos Aires mantiene su reclamación de soberanía.







