Efectivamente, indignación generó -transversamente- la noticia de que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre José Antonio Kast -porque la ley establece que en esa materia la responsabilidad final es personal del Presidente de la República y no del Gobierno- rebajó la condena a 56 personas condenadas por violación de menores y abusos sexuales.
El mismo que hizo suya durante la campaña la consigna de Sebastián Piñera y luego de su sobrino de Evópoli Felipe Kast: los niños primero. Concepto, por lo demás, que forma parte de una ley de 2022, la N° 21.430, que efectivamente ordena poner a los niños primero: la Ley de Garantías de la Niñez. Esta obliga al Estado a disponer del máximo de sus recursos para hacer efectivos sus derechos. Le exige, además, dar prioridad a la infancia en la asignación del gasto y no retroceder en lo avanzado.
Entonces, si el bienestar y la seguridad de los menores de edad tiene la máxima prioridad en Chile y ahora se libera anticipadamente a pedófilos y abusadores, ¿en qué quedamos?
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MANOUCHEHRI: «UN VERDADERO ESCÁNDALO»
El diputado Daniel Manouchehri (PS) dijo sobre la nota publicada en Interferencia que «lo que se ha conocido es un verdadero escándalo. El gobierno de Kast, el mismo que hacía gárgaras con el tema de la delincuencia, ha rebajado las penas de 56 violadores y abusadores de niños. El señor Kast le ha rebajado la pena cada tres días a un violador de niños».
«Esto merece una respuesta inmediata del presidente, «exigió.
«¿Esta es la promesa que le hizo a los chilenos? Porque vemos ahora cuál es la agenda: seguir indultando delincuentes, que si el violador es mayor de cierta edad hay que indultarlo, hay que perdonarle su delito y hay que mandarlo a la casa. Nuestra empatía va a ser siempre con las víctimas, y nosotros estamos convencidos que aquellos que violan a los niños, aquellos que abusan de los menores, aquellos que violan los derechos humanos deben morirse en la cárcel», enfatizó.
GUZMÁN: «ESTO NO DEBIÓ HABER OCURRIDO»
Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), recordó que «al día de hoy una persona condenada por violación o abuso sexual no puede optar a estos beneficios. Esta fue una ley que fue aprobada el año 2022 y por tanto cualquier persona que sea condenada después de esa fecha no va a poder optar este beneficio».
«Sin embargo, y en razón de un principio de materia penal, que es el principio pro reo, se permite que personas que fueron condenadas previo a esta ley sí puedan acceder a estos beneficios. Y lo que entendemos es que hasta antes del cambio de gobierno, las personas pedían este cambio, se les negaba, recurrían a través del recurso de amparo o protección ante el Poder Judicial y finalmente el Poder Judicial ordenaba al ministerio de Justicia sí aplicar la rebaja de condena. Lo que nos ha explicado el ministro es que hoy día, por economía procesal, en definitiva han evitado el paso por el Poder Judicial y han citado estos fallos para poder aplicar la rebaja de condena», explicó
¿Qué esperamos nosotros? Que en definitiva en personas que han sido condenadas por delitos tan graves como violación y abuso sexual, no se otorguen estos beneficios o esta simplificación del proceso», recalcó.
Dijo también que «yo hubiese esperado que pasen por la Corte y que sea la Corte la que en razón de principio jurídico ordenara aplicar la rebaja de sanción sin evitar este paso. Yo creo que cuando lo hacemos más eficiente en la práctica, estamos beneficiando a una persona que ha sido condenada por delitos gravísimos y yo creo que eso no debió haber ocurrido».
FRIES: «CARA DE…»
Para la diputada e integrante de las comisiones de Constitución y Familia, Lorena Fries (FA), «ojalá pudiera decirlo coloquialmente, pero esto es de un cara de… impresionante».
Recordó que «hace un par de semanas aprobamos, con mi voto en contra por cierto, un proyecto de ley que sube el tiempo de permanencia dentro de las cárceles en materia de libertad condicional. Una de las justificaciones que se dio eran los abusos sexuales y las violaciones, que permanezcan más en la cárcel. Y ahora sabemos que mientras se suben las penas para dar una señal a la ciudadanía, resulta que por otro lado lo que están haciendo es dejándolos salir».
«Yo me pregunto cuál es el concepto de seguridad que tiene este gobierno si los violadores y los abusadores sexuales andan por la calle mientras ponemos titulares de que no los vamos a dejar salir. Por eso digo, si se pudiera decir, esto es cara de…», enfatizó.
SCHNEIDER: PROYECTO PARA ACLARAR DISCREPACIAS
En tanto, la diputada Emilia Schneider (FA) anunció la presentación de un proyecto para aclarar discrepancias en la interpretación de la Ley 21.421, que prohíbe la entrega de beneficios de reducción de condena a quienes hayan sido condenados por delitos de carácter sexual cometidos contra personas menores de edad.
Para ella “es muy lamentable, es muy grave, es muy doloroso para las víctimas de este país ver como este gobierno, el gobierno del presidente Kast, se las da de humanitario, pero solo tiene piedad, solo tiene compasión con los violadores de derecho humano y con los violadores de niños y niñas”.
“Vamos a presentar un proyecto de ley para dejar en claro que la rebaja de penas no aplica a estos delitos sexuales contra menores. Yo estoy de acuerdo con ser humanitario, estoy de acuerdo con comprender los derechos de las personas privadas de libertad, pero separemos la paja del trigo”, advirtió Schneider, alundiendo a los delitos sexuales contra menores o aquellos que implican violaciones de los derechos humanos.
«Proteger a la humanidad es marcar el punto de que estos delitos son especialmente inaceptables», enfatizó.
La legisladora trajo a colación que desde que la ley entró en vigor los distintos ministros de Justicia y Derechos Humanos han recurrido a los tribunales para evitar la libertad de este tipo de condenados. «Desde el ministro Larraín en adelante han dado esta pelea en la Corte Suprema», detalló.
Recordemos que la libertad de los condenados por abusos sexuales y violación de menores fue justificada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en una interpretación que ha hecho la Corte Suprema frente al tema.
