Los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa, de la bancada del PPD e independientes, anunciaron que reunieron las 62 firmas necesarias para solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) que indague las millonarias pérdidas registradas en las AFP, que superan los US$7.700 millones en el Fondo E.
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La iniciativa busca determinar si existieron omisiones o negligencias en la supervisión de las administradoras y establecer si las autoridades utilizaron todas las herramientas disponibles para prevenir o enfrentar las pérdidas que afectaron los ahorros previsionales.
La comisión impulsada por el PPD pondrá el foco en las actuaciones del Gobierno, especialmente de los ministerios del Trabajo y de Hacienda, y examinará la fiscalización de las AFP desde 2018 hasta la fecha.
Diputados buscan establecer responsabilidades
El diputado Jaime Araya informó que la Cámara votará el próximo lunes la creación de la comisión y llamó a sus pares a respaldarla de manera unánime.
El parlamentario sostuvo que es necesario esclarecer el papel de los organismos reguladores, identificar posibles responsabilidades y definir qué cambios legales podrían evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
“Es necesario profundizar en esto, establecer responsabilidades, saber qué es lo que hizo el ente regulador, y lo más importante, saber cuáles son las rectificaciones, modificaciones legales para lograr que de una vez por todas se le devuelva la plata a los trabajadores y estas conductas sean sancionadas penalmente”, afirmó Araya.
Por su parte, Héctor Ulloa pidió que los parlamentarios que han expresado preocupación por las pérdidas respalden la investigación cuando sea sometida a votación.
“Sería una muy mala señal que diputados o diputadas se negaran a investigar una situación que afecta los ahorros de tantos chilenos y chilenas”, señaló.
Pérdidas de las AFP generan nuevas propuestas
La iniciativa se suma a otras acciones políticas destinadas a esclarecer lo ocurrido con el Fondo E. Entre ellas figuran oficios dirigidos a la Superintendencia de Pensiones para solicitar antecedentes sobre las pérdidas y propuestas para modificar el sistema de cobro de comisiones, de manera que el riesgo sea compartido.
El debate apunta tanto a las decisiones de inversión como a los mecanismos de supervisión y a las eventuales responsabilidades de las administradoras y las autoridades encargadas de fiscalizarlas.
En paralelo, la Superintendencia de Pensiones mantiene un procedimiento sancionatorio contra siete administradoras para determinar posibles responsabilidades en las decisiones de inversión adoptadas.
La comisión investigadora, de aprobarse, permitirá revisar los antecedentes sobre la actuación de los organismos públicos y evaluar si se requieren cambios regulatorios para fortalecer la protección de los fondos previsionales y los ahorros de los trabajadores.
