El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, se refirió a la polémica por las 56 rebajas de penas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. La autoridad defendió que el procedimiento se ajustó a las normas vigentes, aunque reconoció que hubo aspectos humanos y políticos que debieron abordarse de otra manera.
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La controversia se convirtió en un nuevo foco de presión para la administración del Presidente José Antonio Kast, incluso con cuestionamientos desde el oficialismo. Frente a este escenario, el Gobierno busca impulsar cambios legales y encontrar una fórmula para suspender los decretos ya firmados.
En conversación con T13 Radio, Arenas aclaró sus declaraciones del jueves, cuando calificó la tramitación como un procedimiento “impecable”. Según explicó, se refería exclusivamente a los aspectos constitucionales, legales y reglamentarios, y no a la forma en que se gestionó el impacto sobre las víctimas.
“Quizás no fue la mejor expresión, porque quería hacer esa distinción, porque humanamente, ahí estamos en deuda”, reconoció.
Arenas reconoce problemas en la atención a las víctimas
El subsecretario admitió que la comunicación con las víctimas y su participación durante el proceso fueron aspectos que no se abordaron adecuadamente. En ese punto, recordó que el propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, reconoció las dificultades que surgieron en esta materia.
Arenas también rechazó la percepción de que los decretos se hubieran tramitado de manera oculta. Sostuvo que existía transparencia en el procedimiento, aunque admitió que faltó una evaluación política más amplia de las posibles consecuencias de las decisiones.
El Ejecutivo, afirmó, busca ahora una solución definitiva que permita corregir las falencias detectadas y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Gobierno prepara una reforma para evitar nuevas rebajas de penas
Arenas anunció que el Gobierno convocó a representantes del Congreso y de los partidos políticos para presentar una iniciativa legislativa que permita resolver la controversia con rapidez.
Según detalló, la propuesta debe considerar tres aspectos centrales. El primero es reforzar la preocupación por las víctimas; el segundo, establecer reglas claras sobre la aplicación temporal de la normativa para evitar dudas respecto de su eventual retroactividad; y el tercero, avanzar en la creación de tribunales de ejecución de penas.
La reforma apunta a establecer criterios más precisos para la concesión de rebajas de penas y evitar interpretaciones contradictorias sobre quiénes pueden acceder a estos beneficios.
Respecto de los decretos que ya fueron firmados, el subsecretario indicó que Rabat está buscando una alternativa jurídica para suspender su tramitación. No obstante, advirtió que encontrar una fórmula viable podría ser complejo.
“Yo lo encuentro muy difícil, pero el ministro está buscando la fórmula”, señaló, agregando que el Gobierno pretende hacer todo lo posible para corregir lo que pudo haberse gestionado mejor y mitigar el daño causado a las personas afectadas.
Arenas distingue entre legalidad y responsabilidad política
El subsecretario sostuvo que el Ejecutivo no considera que haya existido una infracción legal, sino un procedimiento que requiere mejoras. A su juicio, reconocer un error jurídico implicaría admitir que se actuó fuera de la ley o de la Constitución, algo que el Gobierno descarta.
Sin embargo, reconoció que el propio Rabat ha admitido que el manejo político pudo ser distinto y que faltó anticipar las reacciones que generarían los decretos.
Arenas también descartó que el Presidente Kast debiera haber sido informado personalmente de cada uno de los documentos firmados. Explicó que existen numerosos actos administrativos que se suscriben a nombre del mandatario sin consultarle individualmente.
De todas formas, planteó que las autoridades deben considerar los efectos políticos de sus decisiones y advertir al Presidente cuando exista la posibilidad de que una medida genere consecuencias relevantes.
Gobierno respalda a Rabat ante posible acusación constitucional
Consultado por la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Arenas afirmó que Kast mantiene su confianza en el secretario de Estado y le ha entregado su respaldo.
El subsecretario sostuvo que una eventual acusación debe evaluarse conforme a sus fundamentos y recordó que corresponde al Congreso ejercer esa atribución.
“Estamos convencidos que si la causal va a ser que el ministro incumplió la ley, o la Constitución, o dejó sin ejecutar las leyes, esa causal no tiene ningún fundamento en la realidad”, afirmó.
Mientras el Gobierno busca una salida jurídica para los decretos y prepara cambios legislativos, la polémica por las rebajas de penas mantiene bajo presión al Ministerio de Justicia y abre un debate sobre la protección de las víctimas, la aplicación de la normativa y la responsabilidad política de las autoridades.
