El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó al Gobierno por las rebajas de condena otorgadas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y sumó una nueva crítica: la presentación de un proyecto que, según afirmó, busca retrasar casi un año la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.
En una entrevista televisiva, el exsecretario de Estado exigió transparentar los antecedentes de los beneficios, retomar el criterio de rechazo administrativo y ofrecer disculpas a las víctimas y sus familias.
ADVIERTE POSTERGACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS
Gajardo recordó que el gobierno de Sebastián Piñera presentó el proyecto para crear el nuevo servicio y que la administración de Gabriel Boric respaldó su tramitación hasta convertirlo en ley.
Sin embargo, aseguró que el actual Ejecutivo ingresó una iniciativa con discusión inmediata para aplazar su puesta en marcha, pese a que el proceso de implementación ya comenzó.
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“El Gobierno presentó un proyecto de ley con discusión inmediata para que se retrasara la implementación en prácticamente un año de la Defensoría de las Víctimas”, señaló.
Según explicó, la primera macrozona debería comenzar a funcionar en mayo de 2027, pero la propuesta del Ejecutivo postergaría ese calendario casi un año. El exministro calificó la situación como “muy delicada”, por sus efectos sobre el acceso de las víctimas a asistencia y representación jurídica.
ASEGURA QUE EL GOBIERNO ANTERIOR RECHAZÓ LAS SOLICITUDES
Respecto de las rebajas de condena, Gajardo respondió a las declaraciones atribuidas al ministro de Justicia, Fernando Rabat, sobre 275 casos tramitados durante la administración anterior.
Aunque dijo desconocer a qué solicitudes aludía Rabat, afirmó que el gobierno de Boric rechazó todas las peticiones administrativas de condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
“Ninguna se otorgó en la vía administrativa, ninguna”, enfatizó.
Explicó que, después de esos rechazos, los solicitantes podían recurrir a los tribunales mediante recursos de amparo. Los equipos del ministerio defendían entonces su posición ante las cortes de apelaciones y la Corte Suprema.
CUESTIONA LOS ARGUMENTOS DE RABAT
Gajardo reconoció que la Suprema dictó resoluciones favorables a los condenados, pero sostuvo que también existían votos disidentes y fallos que respaldaban los rechazos del ministerio. A su juicio, esos antecedentes justificaban mantener la disputa judicial.
Además, cuestionó que la cartera invocara razones de eficiencia para conceder directamente las rebajas.
“Esa no puede ser una razón para no pelear, para no batallar por los derechos de las víctimas”, manifestó.
El exministro también pidió esclarecer las informaciones sobre beneficios a condenados por violaciones a los derechos humanos, que durante la entrevista se abordaron como pendientes de confirmación gubernamental. Según sostuvo, esas decisiones contradirían la posición que el ministerio había defendido ante los tribunales.
Finalmente, llamó al Ejecutivo a impulsar el proyecto de ley de ejecución de penas para ordenar la normativa y establecer tribunales especializados que resuelvan las controversias sobre el cumplimiento de las condenas.
Exministro de Justicia Jaime Gajardo por rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores:
"El gobierno del presidente Boric las rechazó todas. Todas las solicitudes presentadas por un criminal sexual en contra de un niño o niña adolescente" https://t.co/Wbjk8fLs9R
— Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM) October 22, 2026
