El exministro de Justicia Jaime Gajardo acusó al actual titular de la cartera, Fernando Rabat, y al subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, de entregar información engañosa para justificar las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
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En conversación con Mesa Central de Tele13 Radio, el exsecretario de Estado respaldó la acusación constitucional que presentó la oposición contra Rabat y cuestionó los fundamentos jurídicos que el Ejecutivo utilizó para defender los beneficios concedidos.
Gajardo afirmó que encontró errores tanto en los antecedentes como en la interpretación de las normas que sustentan las decisiones del Ministerio de Justicia. “En los decretos hemos encontrado dos tipos de errores: hay errores de hecho y errores de derecho”, señaló.
El exministro también sostuvo que el Gobierno seleccionó determinadas resoluciones judiciales para respaldar las rebajas, pese a que los fallos no establecían un criterio uniforme.
“Acá hay una intención deliberada por desinformar de parte del subsecretario Arenas y también del ministro Rabat”, afirmó. Además, cuestionó que el titular de Justicia presentara como un criterio común decisiones judiciales que, según su análisis, tenían interpretaciones diferentes.
Gajardo cuestiona argumentos de Rabat sobre derechos de los niños
El exministro también criticó que Rabat utilizara criterios de eficiencia y eficacia administrativa para explicar las decisiones de la cartera. A juicio de Gajardo, esos argumentos no justifican dejar de lado los derechos de los niños, especialmente cuando los beneficios involucran a condenados por delitos sexuales contra menores.
Gajardo calificó como especialmente grave que el ministro expusiera esos antecedentes durante su presentación ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Acusación constitucional contra Fernando Rabat
Las declaraciones del exministro surgieron después de que la Cámara de Diputadas y Diputados iniciara, el lunes 16 de noviembre, la tramitación de la acusación constitucional contra Rabat.
El libelo opositor contempla tres capítulos. El primero cuestiona las rebajas de condenas a agresores sexuales de menores; el segundo apunta a los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad; y el tercero acusa la entrega de información presuntamente inexacta al Congreso.
Ese mismo lunes, la Cámara sorteó a los cinco integrantes de la comisión que revisará la acusación: Lorena Fries, Lorena Pizarro, Carlos Chandía, Raúl Soto y Germán Verdugo.
Desde el Gobierno rechazaron los argumentos de la oposición. El viernes anterior, el subsecretario Gonzalo Arenas calificó el libelo como una acusación “liviana” y “mal preparada”, y manifestó su confianza en que Rabat podrá defender su actuación ante el Congreso.
Tras recibir la notificación, el ministro tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos ante la comisión, ya sea de forma presencial o por escrito. Luego continuará la tramitación parlamentaria de la acusación.






