Tras el sorteo de rigor en una tómbola, la comisión revisora de la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quedó conformada con mayoría de diputados de oposición.
Se trata de Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (PNL), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA).
Recordemos que el texto fue ingresado el jueves pasado por las bancadas de la oposición a raíz de 54 decretos visados desde la cartera para otorgar libertades anticipadas de entre 5 y 31 meses.
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En el documento de 189 páginas y tres capítulos que revisará la comisión se sindica a Rabat como el principal responsable de la rebaja de penas, por vía administrativa, a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, y también el otorgamiento del beneficio a personas privadas de libertad por crímenes de lesa humanidad.
TRES PUNTOS
En el primer punto se le acusa por “haber infringido la Constitución y las leyes, al conceder reducciones de condena a personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, infringiendo el literal e) del artículo 17 de la Ley N° 19.856, de 2003, modificada por la Ley N° 21.421, de 2022, que excluye expresamente del beneficio a quienes hubieran cometido delitos de abuso sexual o violación en contra de menores de edad, sin proteger el interés superior del niño al que lo obliga la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 21.430, de 2022, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia».
Añade que “al firmar dichos decretos, el ministro cometió abuso de poder e infringió las leyes por omisión. En primer lugar, resolvió con efectos generales una controversia que correspondía a los Tribunales de Justicia decidir caso a caso, invocando para ello la conveniencia de evitar litigios, y se avocó a causas pendientes, que estaban siendo conocidas ante el Poder Judicial. En segundo lugar, suspendió la tramitación de las postulaciones, contra la obligación legal que le asiste de resolver. Por último, omitió dirigir y controlar a su cartera en la correcta aplicación de la ley”.
«FALTÓ A LA VERDAD»
En el segundo punto que revisará la comisión se le imputa a Rabat haber “infringido la Constitución al conceder reducciones de condena a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad sin aplicar lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, promulgado por el Decreto N°104, de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho instrumento se integra al ordenamiento jurídico a través del inciso segundo del artículo 5° de la Constitución, que obliga a los órganos del Estado a respetar y promover los derechos humanos. Al prescindir de él, el ministro omitió verificar el cumplimiento de los requisitos que exige para la reducción de penas impuestas por tales crímenes».
Finalmente, en el terceo, se le acusa de “haber infringido la Constitución y las leyes, al haber faltado a la verdad, entregado información inexacta o incompleta y omitido antecedentes relevantes al H. Congreso Nacional y a la opinión pública, vulnerando el deber de probidad, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 52 y 53 del decreto con fuerza de ley N° 1-19653, de 2000″.







