El Gobierno dará suma urgencia a los proyectos que buscan impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores accedan a rebajas de condena. Así lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien también adelantó que el Ejecutivo presentará una iniciativa para abordar los vacíos que identifica en la legislación vigente.
En entrevista con Teletrece, la autoridad sostuvo que el Congreso debe resolver la controversia mediante cambios legales que eviten que el otorgamiento de estos beneficios continúe definiéndose a través de recursos judiciales.
“No vamos a dejar que este asunto se vuelva a revisar por la Corte Suprema vía amparos porque vamos a iniciar la tramitación de proyectos legales con suma urgencia, a objeto de poder cerrar la puerta a los beneficios para los abusadores sexuales”, afirmó.
CAMBIO EN LOS REQUISITOS DE ACCESO
Según explicó Rabat, la propuesta del Ministerio de Justicia busca que los requisitos para obtener rebajas de condena se evalúen conforme a la normativa vigente al momento de presentar la solicitud. El ministro indicó que la iniciativa seguirá el criterio que actualmente rige para la libertad condicional en el Decreto Ley N.º 321.
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Con esta modificación, el Ejecutivo pretende entregar certeza jurídica y evitar nuevas controversias sobre las normas aplicables a quienes solicitan el beneficio.
“Tomamos el problema, establecemos un diagnóstico y buscamos la forma de solución. Y no nos escudamos simplemente en las decisiones que toman los tribunales de justicia”, sostuvo.
LA EXPLICACIÓN POR LOS 56 DECRETOS CUESTIONADOS
Respecto de los 56 decretos de rebaja de condena cuestionados, Rabat señaló que desde febrero de 2022 la legislación excluye expresamente del beneficio a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, explicó que, para condenas anteriores a esa modificación, se consideraron las disposiciones constitucionales y legales que impiden aplicar retroactivamente una ley penal en perjuicio del condenado, además de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.
El ministro confirmó que el Gobierno respaldará las mociones presentadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, junto con impulsar su propia propuesta.
“Vamos a evitar que existan nuevos beneficios que se otorguen a estos condenados por delitos graves y, por tanto, vamos a abordar el problema y vamos a evitar que en el futuro se repita la situación”, concluyó.
