El Presidente José Antonio Kast reconoció este lunes que el Estado les falló a las víctimas de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Calificó de inaceptables las rebajas de condena y prometió corregir sus consecuencias. Sin embargo, decidió mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, responsable de suscribir parte de los decretos cuestionados. Kast debe entender que «con los niños NO», como tantas veces su sector lo dijo, pero…
La contradicción resulta difícil de explicar. El Mandatario admite un error de su propio Gobierno, pero encomienda su corrección a una de las autoridades que participaron en las decisiones. Más aún, presenta la remoción de los responsables y la solución del problema como alternativas excluyentes, cuando ambas medidas pueden y deben examinarse conjuntamente.
Kast sostuvo que ninguna explicación técnica o administrativa justifica ante una víctima la salida anticipada de prisión de su agresor. También afirmó que el Gobierno «asumirá las consecuencias» de lo ocurrido. Sus palabras, sin embargo, abren una interrogante inevitable: ¿cómo se asumen responsabilidades sin establecer consecuencias para quienes adoptaron las decisiones?
La primera medida es asumir responsabilidades
El Presidente señaló que podía remover al ministro y su equipo o mantenerlos para corregir el problema. Optó por la segunda alternativa, argumentando que una destitución no resolvería las deficiencias legales que permitieron las rebajas.
Pero la remoción de las autoridades involucradas no impide adoptar soluciones. Por el contrario, constituye una medida de responsabilidad política compatible con la revisión de los decretos, las reformas legales y la investigación de eventuales irregularidades.
En este escenario, corresponde exigir la salida del ministro Rabat y del subsecretario Luis Silva, quien también suscribió decretos en calidad de ministro subrogante. Asimismo, debe determinarse la responsabilidad de los integrantes del equipo jurídico y administrativo que participaron en su elaboración y aprobación. Pero si hasta la propia derecha se lo exige.
No se trata de anticipar condenas penales ni de presumir culpabilidades individuales. Se trata de establecer una diferencia elemental entre la responsabilidad política por las decisiones de Gobierno y la responsabilidad penal que eventualmente puedan determinar los tribunales.
La revisión de los actos administrativos debería quedar en manos de autoridades ajenas a su dictación. No resulta razonable que quienes defendieron y firmaron las resoluciones cuestionadas conduzcan, sin una revisión independiente, el examen de su propia actuación.
La jurisprudencia no reemplaza la ley
La segunda medida consiste en establecer una solución definitiva que impida conceder administrativamente rebajas de condena contrarias a las exclusiones legales aplicables a delitos sexuales contra menores.
La Ley 21.421 modificó expresamente la Ley 19.856 para excluir a determinados condenados por estos delitos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia invocó jurisprudencia relativa a la aplicación temporal de esa reforma para fundamentar las rebajas cuestionadas.
Aquí existe una distinción jurídica fundamental. Las sentencias de los tribunales deben cumplirse en los casos que resuelven. Pero el artículo 3 del Código Civil establece que sus efectos obligatorios se limitan a las causas en que se pronuncian.
Por tanto, la existencia de fallos favorables a determinados condenados no constituye, por sí sola, una orden judicial extensible a otros solicitantes. La Administración debe resolver conforme a la ley y dentro de las competencias que le confiere el ordenamiento. Y, en este caso, no se hizo, por ideología o por desidia inexcusable.
Además, los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución obligan a los órganos del Estado a respetar los derechos fundamentales y actuar dentro de sus atribuciones. Ello comprende las obligaciones de protección de niños, niñas y adolescentes establecidas en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Y, esto tampoco se efectuó, esperamos que haya sido por ignorancia supina y no mala fe.
El Gobierno anunció la suspensión de nuevas tramitaciones y el envío de un proyecto de ley. Pero debe precisar el alcance jurídico de esa suspensión y establecer una solución permanente mediante los instrumentos normativos correspondientes. Mientras tanto, los tribunales conservan su competencia para resolver los recursos de amparo que interpongan los afectados. El Ejecutivo debe cumplir esas sentencias, sin convertirlas en autorizaciones generales para otros casos.
Corregir el error exige revisar las libertades
La tercera medida consiste en examinar exhaustivamente las rebajas ya concedidas y utilizar todos los mecanismos legales disponibles para revertir aquellas que resulten contrarias a derecho. El Presidente anunció una revisión individual de los decretos. Sin embargo, todavía debe explicarse cuáles son las herramientas jurídicas disponibles, qué efectos han producido las resoluciones y cuántas personas han recuperado efectivamente su libertad como consecuencia de ellas.
La situación de quienes permanecen recluidos no es necesariamente equivalente a la de aquellos que ya abandonaron los establecimientos penitenciarios. Tampoco puede suponerse que una decisión administrativa de invalidación permita, por sí sola, disponer una nueva privación de libertad.
Precisamente por eso, la revisión debe incorporar la intervención de los tribunales cuando corresponda, respetando las garantías constitucionales y evitando nuevas actuaciones jurídicamente cuestionables. También resulta indispensable identificar a las víctimas afectadas, informarles oportunamente y disponer las medidas de acompañamiento y protección que requieran.
El daño causado por una liberación anticipada no se agota en el tiempo de condena que deja de cumplirse. Puede significar para las víctimas revivir experiencias traumáticas, enfrentar nuevos temores y perder confianza en las instituciones encargadas de protegerlas.
El Presupuesto 2027 contradice el discurso Kast
Pero existe una cuarta dimensión que el Presidente no puede ignorar: la protección de la infancia también depende de las prioridades presupuestarias. Mientras Kast reconoce que el Estado falló a víctimas de delitos sexuales contra menores, su Gobierno impulsa un proyecto de Presupuesto 2027 que contempla reducciones por $34.451 millones en siete programas de apoyo a la infancia vulnerable.
La mayor disminución afecta al programa Cuidado Alternativo, con $16.879 millones menos. Esta iniciativa atiende a niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos, separados de sus familias por resolución judicial. También se contemplan reducciones en Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, apoyo al recién nacido y programas de adopción. La Defensoría de la Niñez advirtió una disminución cercana al 59% en los recursos identificados para estos últimos.
El organismo examinó 197 asignaciones presupuestarias dirigidas directamente a la infancia. De ellas, 102 presentan disminuciones, 63 aumentan y 32 permanecen en niveles similares. En conjunto, los recursos analizados crecen apenas un 0,81% respecto del presupuesto ajustado de 2026.
El Ejecutivo sostiene que los cambios responden a reasignaciones y mejoras de eficiencia. También destaca aumentos por $74.100 millones en tres programas, especialmente intervenciones ambulatorias de reparación y fortalecimiento familiar.
Esos incrementos deben reconocerse. Pero no demuestran, por sí mismos, que las prestaciones afectadas por las disminuciones mantendrán su cobertura, oportunidad y calidad. La Defensoría ha advertido precisamente sobre esa incertidumbre. Su preocupación no se limita al monto global del presupuesto, sino a la continuidad de los servicios destinados a niños que requieren protección especializada.
Con la plata de los niños, no
Por eso, una reparación coherente con el reconocimiento presidencial debería incorporar la revisión y restitución de los recursos cuya reducción comprometa prestaciones esenciales. El Congreso todavía está examinando el proyecto presupuestario y existe oportunidad para corregir sus asignaciones.
La protección de los niños no puede depender exclusivamente de declaraciones públicas después de una controversia. Debe expresarse también en las decisiones permanentes del Estado.
El error reconocido obliga también al Presidente
La responsabilidad presidencial constituye el último elemento de esta controversia. Los decretos fueron dictados durante el actual Gobierno y por autoridades designadas por el propio Mandatario. Y, según rezan, «Por orden del Presidente».
Si Kast desconocía las decisiones, como han pretendido hacernos creer, corresponde explicar por qué un asunto de semejante gravedad no llegó oportunamente a su conocimiento. Si estaba informado, debe aclararse cuál fue su participación en la definición o conocimiento del criterio administrativo aplicado.
En ambos escenarios existe una responsabilidad política que no desaparece con el anuncio de una reforma legal. Tampoco se extingue por atribuir el problema a vacíos normativos anteriores. El reconocimiento de un error estatal adquiere verdadero significado cuando produce consecuencias institucionales verificables.
Separar a las autoridades responsables de las decisiones cuestionadas, impedir nuevas rebajas contrarias a derecho, revisar las libertades concedidas y fortalecer presupuestariamente la protección de la infancia son medidas distintas, pero complementarias. Kast dijo que el Estado les falló a los niños. Ahora debe demostrar que su Gobierno está dispuesto a asumir el costo de corregir ese fracaso. Porque reconocer un error y mantener sin consecuencias políticas a quienes lo cometieron no es asumir responsabilidades: es administrarlas.
